El más que probable adelanto de las elecciones generales ha hecho que el Govern intensifique estos días la presión sobre Pedro Sánchez para que apruebe el Régimen Especial de Balears (REB) antes de la convocatoria electoral. Fuentes del Govern aseguran que se está trabajando en esta línea desde hace días porque el texto definitivo ya está «cerrado y pactado» y, por lo tanto, ya solo falta el visto bueno por parte del Consejo de Ministros.
Y es aquí donde está el problema porque, si las elecciones se adelantan y se celebran el 28 de abril –la fecha más probable–, solo quedan tres reuniones ordinarias del Consejo de Ministros para poder aprobar el texto. Si las elecciones se celebran en ese día, el decreto de convocatoria se tiene que firmar el 4 de marzo y en ese mismo momento el Gobierno queda en funciones, lo que deja fuera cualquier posibilidad de aprobación del documento definitivo.
Pero hay otra dificultad añadida para la aprobación del texto porque el fin de legislatura supone la disolución del Congreso de los Diputados. Si el Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley y lo envía al Congreso, en el momento en que se disuelven las Cámaras, es decir, ese 4 de marzo, caducan todos los asuntos pendientes de examen y resolución que no se hayan aprobado.
La única garantía que hay de que el texto se aprobará es que el Consejo de Ministros apruebe un decreto ley y lo remita al Congreso. En ese caso, sería convalidado por la Diputación Permanente en el plazo de un mes, siempre que cuente con los votos para ello.
El Govern insiste en que el trabajo está hecho y que todo depende ahora del Gobierno, pero también reconocen que en los últimos días se ha reforzado el trabajo para intentar que el texto se apruebe, si bien precisan que, hasta la fecha, no hay una constancia oficial de que el presidente del Gobierno convoque elecciones después de que el Congreso tumbara este miércoles el proyecto de Presupuestos para este año.
La consellera d'Hisenda, Catalina Cladera evitó este miércoles hacer declaraciones sobre este rechazo a las cuentas del Gobierno, rechazo que muy probablemente terminen forzando la convocatoria de elecciones, y se remitió a las declaraciones hechas por la mañana por la presidenta Francina Armengol, cuando todavía no había tenido lugar la votación en el Congreso.
La presidenta aseguró que el previsible rechazo no era una buena noticia porque reiteró que suponían una mejora «en muchos aspectos, sociales y muy necesarios».
La jefa del Ejecutivo autonómico añadió que los Presupuestos finalmente rechazados eran «muy sociales», y que llevaban asociadas varios beneficios para los ciudadanos, tanto los de Balears como para los del resto del Estado, como subidas en las pensiones o en el salario mínimo interprofesional, y una mejora en las becas escolares y para las personas afectadas por la Ley de Dependencia, entre otros temas. A pesar de que las cuentas suponían un recorte en las inversiones del Estado en las Islas, la presidenta las defendió por su carácter social.