El Consejo de Ministros ha acordado autorizar a varias comunidades autónomas, en concreto a la Comunidad de Madrid, Baleares y Castilla y León, a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por 2.675, 517 y 1.190,79 millones de euros, respectivamente. También se ha autorizado a la comunidad de Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 680 millones de euros.
En el caso de la Comunidad de Madrid, se autoriza por un importe máximo de 2.675,1 millones de euros para formalizar operaciones de deuda a largo plazo destinadas a financiar las amortizaciones de vencimientos de deuda a largo plazo del ejercicio 2019, tanto de la Administración madrileña como de otras entidades del sector público de la comunidad.
En Baleares, el objetivo de esta petición es amortizar vencimientos del ejercicio 2019 que no se van a financiar con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
Se sigue así el procedimiento que se acordó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), en su reunión de 5 de julio de 2018 para combinar la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con la captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos bancarios.
Castilla y León ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.190,79 millones de euros, de los que 1.116,92 millones tienen como finalidad la financiación de los vencimientos previstos durante 2019 por los distintos entes del sector público integrados en la comunidad. La deuda formalizada hasta ese importe no supondrá un aumento del endeudamiento de la comunidad al final del ejercicio.
La cantidad restante, 73,87 millones de euros, se empleará para financiar la anualidad correspondiente a 2019 de la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica de los ejercicios 2008 y 2009.
En cuanto a Castilla-La Mancha, el Consejo de Ministros le autoriza a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un máximo de 680 millones de euros.
Esta operación, según explica el Gobierno, tiene como finalidad «amortizar anticipadamente operaciones de deuda concertadas con anterioridad, con el fin de mejorar sus condiciones financieras, adaptándolas a la situación actual de mercado y reducir la carga financiera de su cartera de deuda».
Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.