El Govern ha optado por la prudencia y no incluirá, por ahora, ninguna referencia a la obligación de que los bancos y fondos buitres cedan sus pisos vacíos por un periodo de siete años. El rechazo en el Congreso del decreto ley de vivienda que presentó el Gobierno tendrá consecuencias en Balears porque la normativa, que ha sido rechazada, permitía al Ejecutivo de Francina Armengol ampliar de tres a siete años el periodo de cesión obligatoria de las viviendas vacías.
El Govern ya había comenzado la modificación de la normativa propia para adaptarla a esta normativa pero ahora todo queda en el aire tras el rechazo de Podemos a la propuesta del ministro José Luis Ábalos.
La solución que da el Govern es que la norma propia de Balears no dé una cifra exacta del número de años que deberá cederse el inmueble sino que haga una referencia genérica a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Por lo tanto, el decreto no hablará ni de tres ni de siete años, sino que se referirá expresamente al periodo de tiempo que marque la LAU. De esta forma, el Govern tendrá la espaldas cubiertas en caso de que el decreto se tramite de nuevo en el Congreso como proyecto de ley, que es una de las peticiones de Podemos para poder seguir negociando.
Problemas del IBI
Otro de los problemas que plantea la eliminación del decreto es que los ayuntamientos se quedan sin la posibilidad de plantear una subida del IBI a las viviendas que permanezcan vacías. Era otra de las disposiciones del decreto. Se facultaba a aumentar hasta un 50 por ciento el impuesto para aquellas viviendas no ocupadas siempre que en la comunidad existiera una legislación específica en materia de viviendas desocupadas. Balears es la única comunidad que tiene en vigor una ley que regula las condiciones que deben darse para que un piso se considere desocupado.