Baleares registra cada año prácticamente un millar de solicitudes de pozos de suministro de agua. Concretamente, la Direcció General de Recursos Hídrics, dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, recibió el año pasado 924 solicitudes de apertura de pozos, un número ligeramente inferior a 2016 y 2017, en los que se se presentaron 942 y 999, respectivamente.
Si bien el número de peticiones se mantiene estable en torno al millar anual, no ha ocurrido lo mismo con los permisos finalmente otorgados. Así en 2016 y 2017, de las solicitudes presentadas, se concedieron 617 y 662 pozos, mientras que en 2018 los permisos de apertura llegaron a 805, un 87 % de las peticiones.
En lo que llevamos de 2019 se han presentado 20 solicitudes, de las que 6 han sido atendidas positivamente.
Otra cuestión es la detección de sondeos ilegales y de extracciones que no cumplen con los volúmenes concedidos. Las irregularidades en este sentido se refieren a la apertura de sondeos sin permiso y extracciones por encima de lo permitido en pozos perfectamente autorizados y legales. En este sentido, la Direcció General de Recursos Hídrics ha abierto en los últimos tres años un total de 42 expedientes sancionadores por sondeos o extracciones ilegales de agua. Para tener un pozo plenamente autorizado hay que pedir dos permisos: uno para abrir el pozo y otro para poder extraer un determinado volumen de agua.
Resultan complicadas la inspección, detección y localización de pozos ilegales ante un primer impedimento como es el de poder acceder a una finca privada. Sin embargo, Recursos Hídrics puede detectar que el nivel de un acuífero baja de manera anómala y comprobar si ese descenso se corresponde con las extracciones autorizadas. Si éstas están respetando los volúmenes concedidos, comprobados a través de sus respectivos contadores, se puede deducir que en esa zona está funcionando uno o varios pozos ilegales. A partir de ahí, Recursos Hídrics puede realizar sus propias indagaciones y si encuentra una extracción ilegal, proceder a su clausura y sancionar al propietario de la finca.
También hay que tener en cuenta que existen muchos pozos ilegales que están abandonados y que ya no suponen ninguna extracción sospechosa. Se dan casos de cambios de propiedad en fincas en las que los nuevos titulares ni siquiera saben que en sus terrenos hay pozos. Suelen ser pozos antiguos en fincas que han cambiado de manos a menudo durante los últimos años.