El nuevo modelo de gestión del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta (IRPF) que las comunidades autónomas asumieron en 2017, ha permitido que 56 entidades sociales de las Islas hayan podido llevar a cabo 79 proyectos con los 2,9 millones de euros que el Gobierno central remitió a la Comunitat Autònoma.
Cerca de 50 entidades sociales de las Islas y el Ejecutivo autonómico se unieron, en mayo de 2018, para reclamar al Ejecutivo central una distribución del llamado IRPF social más estable, justa y solidaria, para conseguir que se recuperara todo el dinero recaudado por este concepto, unos 7,3 millones de euros en 2017.
«Desde el Govern mostramos nuestro rechazo a la propuesta de distribución por parte del Ministerio de los fondos recaudados en la Comunitat Autònoma, lo que queremos es que nos devuelvan todo el dinero recaudado y no sólo el dinero aportado», explica la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago.
Lo que no es aceptable, para Santiago, que «cada ciudadano de las Islas reciba menos que la media estatal, que es de 4,6 euros por habitante». La consellera afirma que «seguiremos luchando para avanzar hacia un modelo más justo y equitativo y más transparente».
Proyectos
A pesar de la disparidad de criterios con Madrid, los 2,9 millones de euros se distribuyeron entre 56 entidades sociales, que ya han ejecutado un total de 79 proyectos, muy distintos entre ellos, que van desde garantizar alimentos y la integración social de menores y familias de los barrios de Son Gotleu y Nou Llevant en situación de pobreza y/o exclusión social, proyecto ejecutado por Ayuda en Acción con un presupuesto de 52.539 euros, a la atención psicosocial, social, médico-sanitaria y de voluntariado a los pacientes con cáncer y sus familias que la Junta de Balears de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha realizado con 104.317 euros.
«El hecho de que se gestione el IRPF social desde la Comunitat ha dado varios beneficios a las entidades sociales, el primero la transparencia y la publicidad», explica Santiago, «todo se ha hecho a través de una orden de subvenciones en la que se especificaban todos los requisitos a cumplir» y el segundo objetivo «es la proximidad» que ha hecho que pequeñas entidades también pudieran participar».
Para el bienio 2018-2019 la idea es que se puedan distribuir entre las entidades un total de 7.418.000 euros.