El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, y la consellera insular de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, firmaron este lunes un protocolo de colaboración para la inspección y vigilancia de los espacios naturales protegidos.
Mediante este protocolo, los 65 agentes de Medi Ambient podrán comunicar con mayor rapidez al Consell de Mallorca, en concreto a la Agència de Defensa del Territori, la detección de obras ilegales en espacios naturales o suelos rústicos protegidos, de tal manera que el Departament de Territori i Infraestructures podrá proceder a la paralización de las mismas en 24 horas.
Vidal y Garrido explicaron que ya en los últimos años se viene realizando esta práctica, «pero de una manera informal y basada en la buena voluntad. Ahora ya está protocolizada. Así, en 2018, se dieron un centenar de comunicaciones en este sentido».
Concretamente, de los 248 expedientes informativos abiertos por el Consell en 2018 en relación a obras y usos sin licencia, un 22 %, un total de 87, correspondieron a suelo rústico protegido. Asimismo, de un total de 170, el Consell emitió el año pasado 55 órdenes de demolición (el 32 %) de obras o usos que se estaban ejecutando sin licencia urbanística en espacios protegidos.
Garrido destacó «la importancia de detectar las obras ilegales cuando están iniciadas o en ejecución. Mediante la comunicación rápida, vía correo electrónico, entre los agentes de Medi Ambient y los inspectores de la Agència de Defensa del Territori, podemos dar una respuesta inmediata y aplicar la paralización en 24 horas. Si las obras ya están acabadas o ejecutadas, habrá que seguir el trámite habitual».
La consellera insular señaló que «nuestro departamento no tiene la capacidad de inspeccionar el suelo rústico protegido que tienen los 65 agentes de Medi Ambient. Con el protocolo firmado, nos evitamos trámites lentos que no paralizan de inmediato obras ilegales que se están ejecutando. Anteriormente, podían pasar tres meses entre que un agente de Medi Ambient levantaba acta de una obra o uso ilegal y la acción de la Agència de Defensa del Territori, por lo que esa actuación irregular podía estar finalizada».
En estre sentido, Vicenç Vidal comentó que «es una gran ventaja que podamos actuar y paralizar ya en el proceso del movimiento de tierras, si es ilegal, antes de que la obra avance en su ejecución».
El director gerente de la Agència de Defensa del Territori, Bartomeu Tugores, presente en la firma del protocolo, indicó que este organismo cuenta actualmente con 7 inspectores y que la previsión es que este año lleguen a 14, añadiendo que en 2015 sólo se contaba con 3.
El protocolo tiene una vigencia de cuatro años y se renovará anualmente de manera automática.
Mercedes Garrido subrayó «el carácter preventivo» de esta colaboración entre la Conselleria de Medi Ambient y el Departament de Territori «con el objetivo de evitar infracciones en el suelo rústico protegido».