El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, advierte de que «desacatar una orden judicial tiene consecuencias penales, y ahí tenemos que valorar si estamos dispuestos a arriesgar», aunque insta a borrar contactos del teléfono antes de entregarlo a un juez, «si es posible».
En una rueda de prensa que el presidente de la FAPE ofreció junto a Ángeles Durán, presidenta de la Asociación de Periodistas de Baleares, aseguró que aunque en algunos países hay periodistas que se han negado a revelar sus fuentes y han terminado en prisión, no cree que «nosotros, en España, vayamos a llegar a esta situación».
Además, Rodríguez «no se cree» que la Fiscalía no haya revisado los teléfonos de los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press, en relación al comunicado de la Fiscalía del pasado miércoles. «El control de unos teléfonos es algo facilísimo, se hace muy rápido», comentó Rodríguez, y aseguró que «el Poder Judicial es independiente y tenemos que respetarlo, pero yo no me lo creo del todo; dejo un margen de desconfianza».
En cuanto a la correcta actuación de los periodistas ante un requerimiento como este, Rodríguez apunta como recomendaciones generales «insistir en que esté presente nuestro abogado, decirle al juez ‘yo le daré esto, pero quiero que esté presente'», y apostó por, si fuera posible «desde el punto de vista judicial», borrar los contactos del teléfono antes de entregarlo.
Aunque Rodríguez considera que el balance de las reacciones del mundo periodístico ha sido «extraordinario», cree que el daño no es sólo para los medios y profesionales, sino sobre todo hacia el derecho de información de la ciudadanía, porque «a partir de ahora, ¿qué fuentes se van a atrever a dar información a los periodistas?, si saben que en cualquier momento una orden judicial puede dejar en las manos del poder judicial su identidad».
Por eso, aunque desde la FAPE exigen una «rectificación inmediata, una revocación de la orden y la devolución inmediata del material incautado a los periodistas», su presidente es consciente de que este tipo de decisiones puede sentar un precedente peligroso.
Desde la Asociación de Periodistas de Baleares, su presidenta, Ángeles Durán, explicó este jueves que «se ha puesto sobre la mesa si hay que hacer una ley o no, y es cierto que España ha sido de los primeros en incorporar este derecho a la Constitución, pero somos los últimos en desarrollarla porque no hay ninguna ley orgánica».
Así, Durán hizo énfasis en la importancia de garantizar la seguridad del derecho profesional «de una manera muy abierta, porque las leyes las hacen los políticos, no los periodistas, y ese intento de control es peligroso».