La Fiscalía mantiene su petición de que el activista Antoni Estela no se pueda acercar durante tres años al fiscal coordinador de Menores, José Díaz Cappa. En el juicio, celebrado este viernes, el acusado admitió que se manifestó al menos en 27 ocasiones ante edificios judiciales con pancartas con el nombre del fiscal al que acusaba de hacer caso omiso a presuntas graves irregularidades en el servicio de protección de menores. Junto al nombre del fiscal aparecían pancartas con frases como «están robando niños impunemente».
Estela se convirtió en un habitual de los juzgados hace unos meses. Casi cada día se manifestaba. Acompañado por un pequeño grupo o bien, en solitario pero siempre con un megáfono. Su blanco: el Institut Mallorquí d'Afers Socials, a quien acusa de ser una «organización criminal» y el fiscal de menores. Junto a las protestas, multitud de vídeos en las redes sociales. «Ha violado todos los derechos fundamentales el señor fiscal» o «un tal garrapata», eran alusiones al representante del ministerio público.
El aludido recordó este viernes en el juicio que Estela llegó a irrumpir en ocasiones en su despacho: «Muy agresivo, lo primero que me dice es que se robaban niños». A partir de ahí, afirma que se iniciaron las protestas con su nombre que, dice, le han supuesto una «afectación importante». El fiscal asegura que se ha dado trámite a toda la documentación y las denuncias formuladas por Estela.
Éste, por su parte, afirmó que no tiene ningún tipo de animadversión personal hacia el fiscal y que las pancartas y protestas sólo responden al cargo de ocupa. También se apoya en que nunca fue recibido y que se ignoraron sus denuncias. Estela explica su implicación con los padres de menores acogidos por las autoridades en que él sufrió abusos en un centro cuando era niño.
La denuncia del fiscal derivó en una orden de alejamiento que impide al acusado acercarse a cualquier sede judicial o fiscal de Mallorca. En el juicio, Estela admite todos los contenidos que le exhibió la fiscal en el juicio que contienen mensajes contra Díaz Cappa. Con esa base se le reclama una pena de multa de 5.000 euros más una indemnización al fiscal por esa misma cuantía, además de la orden de alejamiento durante tres años. La defensa, ejercida por el letrado Vicente Campaner, solicita la absolución.