El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha avalado la orden de demolición de las obras ilegales del establecimiento denominado Casa Lola, dictada por el Ayuntamiento de Sant Josep.
El Consistorio ha explicado en un comunicado que la sentencia confirma «íntegramente» la decisión del juzgado de primera instancia, que ya le había dado la razón sobre las actuaciones emprendidas contra la empresa Inversiones Hoteleras Faro por las edificaciones ilegales acometidas en la finca que se ubica en Es Cubells.
En concreto, las obras con orden de demolición consisten en 8 volúmenes de planta baja con una superficie total cerrada de 933 metros cuadrados (m2), terrazas cubiertas con una de 342 m2 y descubiertas con una superficie total de 414 m2.
También se suman dos piscinas con superficie de espejo de agua 84 m2 y 68 m2; una cisterna en construcción de 36 m2, así como varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores.
El tribunal ha rechazado los argumentos presentados por la propiedad que, entre otra cuestiones, afirmaba que el expediente urbanístico había caducado por inactividad del Ayuntamiento.
La sentencia considera que, de hecho, se produjo la situación contraria, puesto que si bien es cierto que el procedimiento se ha alargado en el tiempo, ha sido debido a maniobras de «inactividad, dilación o entorpecimiento procedentes de la parte interesada».
El consistorio ha recordado que el procedimiento se demoró porque la demandante reclamó a los juzgados la traducción de la primera sentencia, que era en catalán. Transcurrido más de un año, y visto que los juzgados no habían hecho la traducción, Sant Josep contrató a una persona especializada para traducirla y poder desencallar el procedimiento.
La sentencia también condena a Inversiones Hoteleras Faro a pagar las costas procesales.
El Ayuntamiento ha informado de que una vez que la sentencia sea firme, ordenará a la propiedad la demolición de todas las obras ilegales.
En caso de no hacerlo, el Consistorio se encargará de forma subsidiaria y obligará a la propiedad a hacerse cargo de los gastos.
Los hechos que han motivado esta sentencia se remontan a julio de 2012, cuando el celador de obras descubrió que se estaban ejecutando construcciones en la finca sin la debida licencia.
El Ayuntamiento ordenó, en diciembre de ese año, paralizar las obras y, a continuación, las precintó. Sin embargo, la propiedad ignoró la orden, levantó los precintos sin autorización y continuó trabajando.
Ante esta situación, los responsables municipales de Sant Josep denunciaron a la propiedad en el juzgado y le requirieron que, en el plazo de dos meses, presentara la documentación adecuada para obtener licencia municipal de obras.
El diciembre de 2014, la junta de gobierno local ordenó la restauración de la legalidad urbanística infringida, ante la imposibilidad de que las nuevas construcciones pudieran obtener la preceptiva licencia.
Posteriormente, Inversiones Hoteleras Faro presentó recurso ante el juzgado contencioso administración número 3 de Palma, que desestimó sus alegaciones. La propiedad apeló al TSJB, que ahora también rechaza sus argumentos.