El 21 % de los mayores de 65 años de Baleares, unas 36.000 personas, no llega a fin de mes y el 13 %, unas 22.400, está en riesgo de pobreza o exclusión. Así, hay numerosos casos en los que, al acabar la etapa productiva, estas personas perciben menos ingresos, lo que les resta capacidad de participación social y les crea situaciones de dependencia.
Son datos del Anuari de l'Envelliment de Balears 2018, dirigido por la doctora y profesora de la UIB Margalida Vives y presentado este jueves en Palma.
Los datos son preocupantes, pues unas 22.400 personas mayores de 65 años de las Islas se encontrarían en riesgo de pobreza o exclusión, si bien el porcentaje está un punto por debajo de la media española y es inferior al balear de 2015, que fue de un 18,5 %. También cabe resaltar que la proporción de población pobre entre los mayores de 65 años es inferior a la del total de la población, que alcanza el 21 %. Ello obedece al efecto de las pensiones en la contención de la pobreza. Como ya es sabido, las personas mayores han sido el principal apoyo económico de muchas familias durante la crisis.
Aun así, el 72,6 % de los solicitantes del reconocimiento de la situación de dependencia en Balears es mayor de 65 años, sumando 20.047 de un total de 27.612 peticionarios. De este colectivo de solicitantes mayores de 65 años, el 69,2 % es mayor de 80 años, es decir, 13.881. Pero desde una perspectiva de género, desde la aprobación de la ley en 2006, el 50 % de las solicitudes de ayudas a la dependencia corresponden a mujeres de más de 65 años.
Hasta los 60 años, la dependencia es una condición más masculina. Esta tendencia se va equiparando hasta invertirse a partir de los 65 años.
El riesgo de pobreza o exclusión social es más elevado entre el colectivo femenino mayor de 65 años (14,6 %) que el masculino (11,3 %). Estos datos están claramente vinculados a la vida laboral, donde las mujeres han tenido más trabajo a tiempo parcial, más temporalidad y más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Todo ello explica que el colectivo femenino se enfrente a situaciones de discriminación salarial y desigualdad económica, que se agravan en períodos de crisis económica, y tienen consecuencias sobre ingresos, protección social y pensiones.
En lo que respecta a la Renda Social Garantida, implantada en 2016, un 14,35 % de los perceptores (2.443 personas) son personas de 65 o más años, pero, por sexos, son un 16,48 % de mujeres frente a un 11,49 % de hombres. Esta comparativa señala que las mujeres mayores viven situaciones de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social más elevadas que los hombres.
Para el Anuari, la Renda Social contribuye a atenuar la desigualdad de género e incrementa la autonomía de las mujeres.