La Fiscalía Anticorrupción fija en 78,2 millones de euros el dinero que perdió Sa Nostra por financiar la operación de Son Bordoy y otras a la constructora Martí Gual. El informe en el que el ministerio público pidió al juez Santiago Pedraz el procesamiento de los exdirectores generales de la caja, Pau Dols y Pere Batle; el subdirector, Gerardo Oliver; el empresario Martí Gual y uno de sus directivos, Javier Collado, descarta la comisión de un delito de blanqueo de capitales y acota las actuaciones a la apropiación indebida y la administración desleal. El auto del juez es casi un calco de este informe que también solicitaba la exculpación de 21 personas, entre ellas el expresidente de la entidad, Fernando Alzamora,y el portavoz del PSIB, Andreu Alcover.
Las fiscales Belén Dorremochea y Myriam Segura centran su escrito en los exdirectores porque consideran que «sus opiniones fueron fundamentales para la toma de decisiones que han sido perjudiciales para la caja». En concreto, les acusa de aprobar los préstamos a Gual sin las «precauciones mínimas» porque constaban informes que daban a entender que no se trataba de operaciones «fiables» y que «implicaban un enorme riesgo de impago».
El informe rechaza también varios argumentos de la defensa de Gual. En un escrito, el empresario sostenía que el crédito no estaba condicionado a la operación de Son Bordoy y aportaba justificación a varios de los gastos. Además, sostenía que sus gestiones habían incrementado el valor de los terrenos. Sin embargo, la Fiscalía se basa en varios informes de expertos del Banco de España. Sobre el blanqueo, sostiene que, aunque parte de los fondos terminaron en cuentas de Sudamérica, no se ha demostrado que quienes los enviaron conocieran su origen ilícito.
Las defensas de los cinco investigados preparan recursos contra el auto, que ha sorprendido en círculos judiciales por su parquedad: cuatro folios.