El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, junto con el coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no vete en el Congreso la tramitación del proyecto de ley contra prospecciones en el Mediterráneo».
«No podemos volver a permitirnos la decepción que se generó la última vez en la que el Parlament aprobó este proyecto de ley por unanimidad y al llegar al Congreso, el gobierno de Mariano Rajoy vetó la iniciativa con argumentos falsos», ha explicado Vidal en rueda de prensa.
En concreto, se trata de la Proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales, enviada el pasado mes de octubre por el Parlament.
De este modo, Bravo ha explicado que esta proposición fue impulsada en 2017 por la Alianza Mar Blava por encargo de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y entregada al Parlament, donde en abril de ese año obtuvo un respaldo unánime de todos los partidos y, acto seguido, fue enviada al Congreso de los Diputados para su tramitación.
«Sin embargo, el Gobierno Rajoy emitió un veto a su tramitación basado en un informe anónimo del Ministerio de Energía plagado de argumentos falsos, sin validez jurídica alguna. PP y Ciudadanos, que juntos tienen mayoría en la Mesa del Congreso, respaldaron ese veto y la iniciativa no pudo seguir su recorrido parlamentario», ha añadido.
'NO' A LA PRÓRROGA DE REPSOL
Por otro lado, Mar Blava ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), dirigido por Teresa Ribera, que no autorice la prórroga de diez años solicitada por Repsol para la concesión de explotación de hidrocarburos denominado 'Casablanca', frente a las costas de Tarragona, la cual caduca el 27 de diciembre de 2018.
A este respecto, Bravo ha afirmado que «no tiene ningún sentido seguir extrayendo petróleo de este sitio si realmente se quiere reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles» y ha explicado que «el Gobierno central puede decidir dársela o no porque no tiene ninguna obligación legal de hacerlo».
A continuación, ha exigido a Sánchez que cumpla con lo determinado por el Tribunal de Justicia Europeo el cual, en diversas sentencias emitidas desde 1998, ha establecido que este tipo de procedimiento debe someterse a la obligación de evaluación ambiental que impone la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo cual es igualmente aplicable a los controles establecidos por la Directiva marco de protección del medio marino.
Según el coordinador, hasta ahora estas prórrogas se han venido otorgando por la Administración «sin que se realizase ningún control ambiental al respecto» y, por lo tanto, «esta práctica es contraria al Derecho de la UE y resulta especialmente grave cuando se trata de prórrogas de autorizaciones que se otorgaron sin tener ningún control ambiental».
Finalmente, han pedido al Miteco «una nueva y coherente» redacción del articulado relativo a las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos del recientemente presentado Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.