Un total de 13 comunidades autónomas, Baleares entre ellas, incumplieron el objetivo de déficit fijado en el ejercicio de 2015, cifrado en un 0,7 por ciento del PIB, según se desprende del 'Informe Global del sector público autonómico, ejercicio 2015' elaborado por el Tribunal de Cuentas.
A diferencia de los objetivos de estabilidad de años anteriores, en 2015 se marcó un objetivo de déficit igual para todas las comunidades autónomas, el 0,7 por ciento del PIB, pero el déficit global se situó en un 1,74 por ciento del PIB nacional --18.683 millones de euros--.
Las únicas comunidades autónomas que cumplieron con el déficit pretendido fueron Galicia, Canarias, Navarra y el País Vasco, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por otro lado, Canarias, Galicia y el País Vasco son las únicas que cumplieron también con la regla de gasto.
Respecto a los Fondos de Compensación Interterritorial, su cuantía ascendió a los 432 millones de euros, al igual que en 2013 y 2014, y se destinó a Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Principado de Asturias, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
LAS CCAA RINDIERON SUS CUENTAS EN PLAZO
Según el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las autonomías, todas las comunidades y ciudades autónomas rindieron sus cuentas en plazo en el ejercicio 2015. Los principales retrasos detectados por el Tribunal corresponden a empresas públicas, fundaciones, consorcios y universidades.
En estos entes las cuentas se rindieron en plazo en el 73 por ciento de las ocasiones, fuera de plazo en el 14 por ciento y no se han rendido el 13 por ciento de las cuentas, porcentajes «similares» a los de los tres ejercicios anteriores.
El número de contratos públicos recibidos por el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo (OCEX) autonómicos disminuye a los 21.494 por los 26.880 del ejercicio 2014. El importe de los contratos fiscalizados es igualmente menor al del ejercicio precedente: 8.031 millones de euros en comparación con los 8.647 millones del año anterior.
Para el conjunto de las administraciones públicas, en relación a su actividad económico-financiera, se produjeron modificaciones que supusieron el incremento del 10 por ciento de sus créditos iniciales y del ocho por ciento de las previsiones presupuestarias.
SALDO PRESUPUESTARIO POSITIVO, PERO MENOR QUE EN 2014
El resultado presupuestario del conjunto de las comunidades es negativo en 21.424 millones y el saldo presupuestario es positivo por importe de 3.324 millones de euros, si bien este último es un 49 por ciento inferior al del 2014.
El valor del inmovilizado de las autonomías es de 119.378 millones de euros, el del activo no corriente de 70.295 millones y el del activo corriente de 14.462 millones. El importe agregado de los deudores de las comunidades autónomas asciende a 21.435 millones, con un saldo agregado de tesorería de 4.833 millones y un saldo final agregado de acreedores de 35.120 millones. El remanente de tesorería es negativo, por importe de 4.584 millones.
El saldo del endeudamiento de las administraciones generales autonómicas pasó de 214.275 millones de euros el 1 de enero de 2015 a 238.028 millones el 31 de diciembre de ese año, lo que supone una variación anual media del 11 por ciento.
No concedieron avales en el ejercicio 2015 Aragón, Canarias, Cantabria, Extremadura, Navarra, Galicia, Baleares, La Rioja, Principado de Asturias, Murcia ni las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
EL GASTO SANITARIO DE LAS CCAA AUMENTÓ UN 6,1%
El gasto sanitario del conjunto de las autonomías aumentó un 6,1 por ciento respecto a 2014 y alcanzó el 5,7 por ciento del PIB nacional con un desembolso de 60.607 millones de euros. Esto significa un gasto medio por habitante de 1.310 euros. Eso sí, el 44,2 por ciento del coste se concentró en Cataluña, Andalucía y Madrid. El gasto en farmacia, 9.990 millones de euros, fue un uno por ciento superior al año anterior.
«Con carácter general las memorias de las cuentas generales de las CCAA se presentan incompletas, no incluyendo suficiente información que permita ampliar y completar la contenida en los estados financieros y en algunas comunidades la estructura de la memoria no se adapta a sus respectivos planes de contabilidad», advierte el informe del Tribunal de Cuentas, que también apunta que, en lo relativo a las contrataciones, «como en ejercicios anteriores, se observa una insuficiente justificación sobre la necesidad de celebrar el contrato.