Segunda huelga de jueces y fiscales en medio año. 155 juicios y declaraciones suspendidas y movimiento de día de agosto en los juzgados de las Islas. El fondo de la protesta es el mismo que llevó al primer paro: la reclamación de una reordenación a fondo de la administración de Justicia que garantice su independencia y mejore las condiciones de trabajo. «Aquí la carga de trabajo es inmensa. La salud laboral de jueces y fiscales se está deteriorando», afirmó Eduardo Navarro, de la Unión Progresista de Fiscales. «No somos un cuerpo privilegiado, echamos horas como nadie. La vida personal se te compromete de manera bárbara. Si no trabajas en casa, las causas no salen», apuntó el magistrado Jaime Tártalo de la Asociación Francisco de Vitoria.
El seguimiento de la movilización fue desigual, un 44,2 por ciento en Baleares, según los datos del TSJB, si bien en la práctica se llevaron sólo a cabo diligencias urgentes. En Palma, donde la huelga fue seguida por 45 de los 103 magistrados y menor en Inca y Manacor, donde pararon cinco de 16.
En total, el número de jueces y magistrados de Baleares que se han sumado al paro de este lunes asciende a 61 de los 138 que hay en las Islas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El detonante de la nueva convocatoria es la ausencia de cambios con el nuevo gobierno y a eso se suma el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE.
Víctor Fernández, presidente territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura señala: «No ha habido ningún avance, mientras se han comprometido subidas salariales a inspectores de hacienda, lo que demuestra que si hay voluntad política se puede actuar».
Sobre el pacto para renovar el órgano de gobierno judicial, Jaime Tártalo indicó: «Nos preocupa esa sombra de injerencia política. Nuestra inquietud no es que se pueda dudar de nuestra independencia porque los jueces y fiscales de infantería, que estamos diariamente luchando y resolviendo los asuntos resolvemos en conciencia, de forma independiente, como siempre».
Fernández pone como ejemplo de la carga de trabajo que soportan algunos juzgados lo que ocurre en su órgano, Mercantil 3 de Palma. En este tipo, el número de asuntos que entra multiplica por cuatro la carga prevista por el consejo. Recordó que una de las reivindicaciones es que se fije una carga de trabajo «razonable» por una «cuestión de salud» al tener que asumir casos para no perjudicar a los ciudadanos.
Catalina Martorell, portavoz de Jueces para la Democracia en Balears, reclamó «una reforma en profundidad de la Justicia, con medios personales y materiales definidos por quien conoce los problemas y no hecha formalmente». Martorell puso como ejemplo el funcionamiento de su juzgado, en Inca, en el que ni siquiera se les ha entregado el programa que permite el acceso remoto al expediente digital. José Díaz, de la Asociación de Fiscales, señaló que algunos de los problemas que denuncian, como las injerencias políticas, «se han agudizado» en los últimos meses. Por su parte, el presidente del TSJB, Antoni Terrasa, se sumó a un comunicado en apoyo de las reivindicaciones de sus compañeros.