Un responsable técnico del área de Disciplina del Ayuntamiento de Palma se comprometió este martes con los vecinos del bloque VIII de 'Corea' a revisar el informe realizado relativo a las escaleras 23 y 23 a del edificio, una vez que los vecinos le hicieron ver los errores o contradicciones que hay en él.
Esta revisión podría suponer la modificación de las medidas cautelares de apuntalar y prohibir la entrada a las viviendas que presentan riesgos que recoge el informe técnico. Así lo ha asegurado el portavoz de Stop Desahucios, Joan Segura, que ha participado en la reunión celebrada en Urbanisme con algunos de los vecinos afectados.
En el encuentro, ha explicado Segura, «hemos repasado los aspectos del informe que no veíamos nada claros y nos hemos centrado en la prohibición de entrada de 4 viviendas del 23 a, donde hay errores clamorosos, porque por ejemplo una vivienda que no ha sido inspeccionada, porque nadie la ha abierto, hay sobre ella una descripción de tres párrafos en el informe que no se corresponde con la realidad y, en cambio, otra vivienda que sí ha sido inspeccionada el informe dice que no».
Los técnicos «se han comprometido a realizar esta revisión en unos pocos días, como máximo la semana que viene, y nos ha dado entender que si ha habido una confusión se modificarían las medidas cautelares», ha afirmado Segura.
El portavoz de Stop Desahucios ha explicado que actualmente en las dos escaleras que están en peor estado, la 23 b y la 23 c, ya prácticamente no vive nadie, salvo dos familias, una con la que no tienen ninguna relación y otra que no tiene donde irse.
Asegura que ellos mismos tapiaron la escalera 23c pero que ha sufrido actos vandálicos por las ventanas por terceros ajenos a ellos. En cambio, en la 23 y 23 a, que según ellos se encuentran en mejor estado, están ocupadas prácticamente al completo. Por ello, tanto esta entidad como los vecinos esperan que el Ayuntamiento se replantee la decisión política de tirar el edificio mientras no se construyen nuevas viviendas sociales, «pues si insistieran en desalojar todo el edificio, sí dejarían a gente en la calle», denuncia Segura. De ser así, vecinos y Stop Desahucios están dispuestos a llevar el caso de la ONU para denunciar el incumplimiento por parte del Consistorio palmesano del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU firmado por el Estado español.
«El Ayuntamiento cuando plantea derribos y desahucios sin alternativa no está aplicando este acuerdo internacional este protocolo que permitiría reducir los desahucios», valora Segura.
Clarificar dudas
Desde el Ayuntamiento de Palma, por su parte, se informa de que la reunión con un técnico de área de Disciplina ha servido para clarificar dudas sobre el informe y que se ha acordado con las personas «que están okupando los pisos, que no son los propietarios, que se visitarán de nuevo dos pisos porque se ha detectado un error material en el informe en la identificación de un piso que se subsanará, como se hace en otros expedientes cuando se detecta». En principio, se añadió desde fuentes municipales, «no afectará a las medidas adoptadas».