Terraferida ha pedido al Consell de Mallorca que desclasifique 2.000 hectáreas de suelo edificable y proteja el suelo rústico, atendiendo al hecho de que el Plan Territorial «permite edificar cerca de 1 millón de nuevas plazas, un crecimiento inasumible para Mallorca», según su opinión.
De este modo el colectivo censura que al final de la legislatura el Consell dirigido por el Pacte de izquierdas no haya protegido «ni un metro cuadrado susceptible de ser urbanizado, a pesar del compromiso del presidente Miquel Ensenyat en su discurso de investidura».
Según sus cómputos la isla dispone todavía de suelo disponible para edificar cerca de un millón de plazas residenciales y turísticas, una cifra que «empuja Mallorca al colapso».
Para esta constatación cuentan con un estudio de la Conselleria de Territori que dice que queda suelo vacante (urbano y urbanizable) para edificar 112.620 viviendas, a las que hay que sumarle las cerca de 102.000 parcelas edificables en suelo rústico.
«La suma de estos dos suelos permite construir 214.620 viviendas. El Govern cifra en 2,5 los habitantes potenciales por vivienda, lo que da un crecimiento de 536.550 habitantes. El estudio sobre la zonificación encargado por el Consell cuestiona esta cifra y dice que debería revisarse al alza, porque la ratio por edificio de alquiler turístico es de 6,1 plazas. Si las nuevas viviendas acogieran 3,5 habitantes cada una, el crecimiento se dispararía hasta los 751.170 habitantes», enumeran desde el colectivo proteccionista.
Sin embargo estas vías de crecimiento no son las únicas.
«Hay que sumar todo el crecimiento potencial del suelo urbano ya edificado (plantas bajas que pueden añadir más alturas), las plazas turísticas ilegales y las viviendas ilegales en las afueras, tres vías de crecimiento de las que no existen datos oficiales y contrastados.
Todo ello hace que Terraferida estime el crecimiento potencial de Mallorca en cerca de 1 millón de plazas y/o habitantes.
Por otro lado, establecen el próximo mes de diciembre como una fecha clave para «frenar el crecimiento o generar una avalancha». No es una fecha al azar, pues la nueva ley de urbanismo (LUIB) interpela a los ayuntamientos para que decidan si desclasifican el suelo vacante sin servicios antes del 29 de diciembre de 2018. «A partir de aquí parte de estos sólo pueden convertirse en urbanos, lo que generaría una nueva avalancha urbanística», considera Terraferida, quien sentencia que «no tomar decisiones nos lleva al colapso».