La Direcció General de Personal Docent, dependiente de la Conselleria d'Educació i Universitat, ha aprobado el procedimiento de los profesores de la enseñanza pública para solicitar asistencia jurídica pública, tal como se decidió en una pasada mesa sectorial.
El procedimiento regula un derecho recogido en el Estatut Bàsic de l'Empleat Públic y otras normativas estatales y autonómicas, y lo concreta por primera vez en el ámbito de la enseñanza. Así, este procedimiento servirá para que los docentes sepan qué pasos deben seguir para solicitar y recibir la defensa y el apoyo jurídico establecidos por la ley.
Ésta es una reivindicación que recientemente han planteado los sindicatos UOB, CCOO y UGT para que los trabajadores docentes puedan disponer de una defensa penal cuando la necesiten como consecuencia de ser demandados en el ejercicio de su actividad laboral.
El profesor que quiera poner en marcha el procedimiento deberá solicitarlo en primera instancia a Inspecció Educativa. Esta solicitud deberá incluir un relato de los hechos y cuanta documentación el docente considere oportuna, si bien deberá adjuntar la acreditación de inicio del procedimiento judicial y un informe del director del centro en relación a los hechos. Si el docente optase finalmente por una defensa particular, deberá comunicar esta circunstancia a la Dirección General de Personal Docent y desistir de su solicitud de asistencia jurídica de la Administración, con la mayor prontitud posible.
Al recibir la petición de asistencia jurídica, Inspecció Educativa llevará a cabo las diligencias y actuaciones que considere oportunas, emitirá un informe en relación a la solicitud y, con toda la documentación, lo remitirá a la Direcció General de Personal Docent, que a su vez la hará llegar a la Advocacia de la Comunitat Autònoma. Será este organismo jurídico el que decidirá si concede o deniega la asistencia jurídica.
En los últimos años, el temor del colectivo docente a acusaciones de diferentes tipos ha ido creciendo y, aunque se dan casos de denuncias sin ningún fundamento, los sindicatos creían oportuno disponer de un procedimiento específico y oficial para su defensa jurídica.