El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha anunciado este jueves que un total de 45 grandes tenedores de Baleares han inscrito 859 viviendas vacías desde hace más de dos años para destinarse, según establece la Ley de Vivienda, a alquiler social.
«Se trata de una cifra considerable que muestra la importancia de una ley pionera en España que persigue que las viviendas vacías puedan ser utilizadas por la administración pública, ya que cerradas no tienen ninguna finalidad», ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación.
En concreto, se han cedido 695 viviendas en Mallorca, 134 en Menorca y 30 en Ibiza, donde las zonas con mayor número de inscripciones son Palma, Manacor y Campos, en el caso de Mallorca; Ciutadella y Es Mercadal en Menorca; y Sant Josep en Ibiza.
Asimismo, ha insistido en que esto supone «una bolsa considerable de disposición que permite al Govern trabajar y pasar a hacer las inspecciones correspondientes de las viviendas» con el objetivo de comprobar que estas «cumplen todos los requisitos».
Después, ha explicado que tendrá lugar «la parte contractual» donde se reunirán con todos los grandes tenedores para «hacer las gestiones correspondientes, firmar el contrato y poder destinar las viviendas a alquiler social».
En esta línea, ha recordado que los Presupuestos de 2019 incluyen una partida de 4,5 millones de euros para «garantizar la utilización de estas viviendas para que puedan ser usadas por los más necesitados».
Por otro lado, ha destacado que en los próximos días se iniciará una campaña de inspección para «ver si los grandes tenedores han puesto a disposición todas las viviendas vacías o si resulta que tienen más».
«Actuaremos si detectamos que hay más viviendas vacías que no se han puesto a disposición de la administración pública y estableceremos un régimen sancionador a través de un cuerpo de inspección», ha añadido.
Hasta el momento se han registrado 438 viviendas (250 en Mallorca, 188 en Ibiza y 65 en Menorca) que han acabado con 32 expedientes sancionadores (18 en Mallorca y 14 en Ibiza) por motivos dispares como la existencia de «propietarios con más de una vivienda, casas turísticas vacacionales o realquileres ilegales».
Como consecuencia, se impondrán sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros para las infracciones graves, mientras que las consideradas como muy graves podrán alcanzar los 90.000 euros.
El Parlament aprobó el pasado mes de mayo la Ley de Vivienda de Baleares que incluye la polémica 'enmienda Nadal' y otras medidas como la obligación de que los grandes tenedores cedan temporalmente los pisos que llevan más de dos años vacíos para que se destinen a alquiler social.
Con la cesión de pisos vacíos, la ley pretende facilitar que las familias mantengan su vivienda mientras se incrementa la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible en la comunidad autónoma. A través del Registro de solicitantes de vivienda pública se acreditará la necesidad de cesión de viviendas por parte de los grande tenedores, que recibirán una compensación económica a cambio.