El Govern ha recuperado este viernes el decreto de garantía de demora en salud, que además de dar un plazo máximo para operaciones, primeras consultas externas y pruebas diagnósticas, añade por primera vez también las segundas consultas, y al que podrían acogerse más de 3.869 personas que están en lista de espera.
Entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el BOIB, salvo para las segundas consultas, para las que entrará en vigor el 1 de enero de 2019, ha explicado la consellera de Salud, Patricia Gómez, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.
«Es un derecho que tiene que tener cualquier ciudadano», ha asegurado Gómez. El sistema supone que el Govern ofrece una garantía a los pacientes de que en caso de retrasos en la atención, el Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salud) debe ofrecer una alternativa con centros propios, vinculados a la red pública o privados concertados donde se le dé esa asistencia indicada. Fija los plazos máximos en los que los pacientes de la sanidad pública de Baleares tiene derecho a recibir la asistencia sanitaria especializada programada.
Se trata de asistencias no urgentes, y en concreto afecta a las primeras consultas externas, primeras pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas programadas y añade ahora las segundas consultas diagnósticas, respecto al decreto de garantía de demora que ya estuvo en vigor anteriormente en Baleares y se derogó la pasada legislatura.
Los plazos máximos que fija, a partir de los cuales los pacientes pueden reclamar recibir la atención, son 180 días naturales para los procedimientos quirúrgicos; 60 para las primeras consultas externas, 60 también para pruebas diagnósticas y 180 días naturales para segundas consultas diagnósticas.
A día de hoy, superan esos plazos 3.117 personas en el caso de las consultas externas y 752 que esperan una operación, ha detallado Gómez, que ha dicho que en el caso de las pruebas diagnósticas el dato es más difícil de precisar porque el listado varía constantemente.
La consellera ha destacado que el Govern ha podido recuperar el decreto de garantía de demora tras una labor previa para ir reduciendo paulatinamente las listas de espera.
Sobre esas 3.117 personas en lista de espera para consulta con el especialista que superan los 60 días, Gómez ha destacado que desde 2015 se ha rebajado la demora media en 55 días, ya que se ha pasado de 83 a 27.
En cuanto a la lista de espera quirúrgica, hay 752 personas que superan el plazo pero la espera media ha bajado de 104 a 80 días.
Superados esos plazos, el IB-Salut debe aportar a los pacientes un centro y pueden elegir entre los que se les ofrece para resolver el proceso, ha explicado Gómez.
Si se superan los plazos máximos establecidos en este decreto, el paciente tiene derecho a solicitar al Servicio de Salud su aplicación.
Para hacer efectivo su derecho, los pacientes tienen que presentar la solicitud correspondiente al centro hospitalario en cuya lista de espera estén registrados.
Una vez el Ib-Salut compruebe que se ha incumplido el plazo máximo, notificará una resolución en el plazo de 10 días en la que tiene que indicar a la persona interesada el derecho a recibir la asistencia en un centro propio, vinculado a la red pública (Sant Joan de Déu y Cruz Roja) o concertado.
El paciente tendrá un plazo de 10 días para aceptarlo. Una vez el paciente decide, el Servicio de Salud está obligado a prestar de manera efectiva la asistencia sanitaria en el centro ofrecido y a pagar los gastos -si los hubiera- derivados del procedimiento en el centro sanitario vinculado a la red pública o concertado.
La Conselleria de Salut publicará anualmente los datos relativos a los gastos derivados de la asistencia sanitaria en estos centros concertados o vinculados a la red pública.
La entrada en vigor del decreto para las segundas consultas con el especialista entrará en vigor más tarde (el 1 de enero de 2019) por la necesidad previa de adecuar la estructura organizativa del Servicio de Salud.