El Parlament balear deberá modificar su propuesta para suprimir los aforamientos de los políticos como consecuencia de un informe del Consell Consultiu en el que alerta de que Balears no tiene algunas de las competencias que se atribuye en la propuesta.
El Parlament ha presentado un proyecto de ley de reforma del Estatut para suprimir el aforamiento de diputados y miembros del Govern, es decir, que cuando haya un caso judicial en su contra, sean juzgados por los tribunales ordinarios y no tengan el privilegio de que su caso lo examine el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB).
El dictamen del órgano asesor está de acuerdo en que la reforma del Estatut que se propone puede eliminar este privilegio en todos los casos menos en demandas civiles.
El Consultiu alerta de que la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que, en las demandas de responsabilidad civil, todos los miembros del Consell de Govern, así como los diputados, deben ser juzgados por el TSJIB o por el Tribunal Supremo.
«En este ámbito concreto, lo que puede decidir el Estatut d'Autonomia, en todo caso, es que la competencia para resolver estas demandas sea del Tribunal Supremo. Pero no podrá decidir la supresión del aforamiento porque se trata de una cuestión que queda fuera del ámbito de las competencias autonómicas», señala el dictamen.
En cualquier caso, el órgano asesore del Govern sí reconoce que el Parlament tiene las competencias plenas para suprimir los privilegios de los políticos cuando se trata de causas penales o de índole administrativa.