El juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil, Carmelo Ordóñez, ha emitido una providencia por la que ordena la firma de la escritura pública de compraventa del aeropuerto de Ciudad Real antes del próximo martes, 25 de septiembre, a nombre de la adjudicataria, Ciudad Real International Airport. Además, Ordóñez exigió un oficio del Govern balear en el que aceptara el pago de la condena dineraria y que garantice que el pago total se haga antes del 31 de diciembre de 2018, y en todo caso no más tarde del 31 de diciembre de 2019, a fin de no perjudicar los intereses del concurso.
El oficio del Govern, según recoge el magistrado en su providencia, ha llegado esta semana al Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil. En éste, la Conselleria de Presidencia del Govern comunica la ejecución de la sentencia y, por tanto, el pago de los 86.775.013,28 euros que le adeudan a Gómez Arribas antes de que acabe el año.
La providencia autoriza la escritura -aunque prohíbe de momento la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad- porque se han cumplido los criterios que marcó el juez el pasado 17 de julio después de que CRIA propusiera como pago la cesión del crédito de una deuda del Govern balear por importe de más de 86 millones de euros con el director ejecutivo de CRIA, Rafael Gómez Arribas.
En concreto, la firma de la escritura de compraventa se realizará el próximo martes, 25 de septiembre, según han confirmado fuentes de la empresa.
El juez establece un plazo de cinco días hábiles para la firma de la escritura y determina que, una vez firmada, debe presentarse en el juzgado para que se dicte el auto de levantamiento de las cargas y gravámenes, al tiempo que insta a que después se publique en el BOE que CRIA es la nueva promotora y gestora del aeropuerto de Ciudad Real.
El juez Carmelo Ordóñez ya señaló en su auto del 17 de julio de 2018 que había aceptado esta propuesta de pago hecha por CR International Airport S.L. al considerar que es buena no sólo para el interés del concurso, sino para el interés general de Castilla-La Mancha, con la futura puesta en funcionamiento de la infraestructura aeroportuaria.
De hecho, el juez ordena que se comunique la resolución de este miércoles a AENA, AESA y a la Dirección General de Aviación, entre otras administraciones, para que «den el impulso final, lleven a cabo las verificaciones e inspecciones que queden pendientes para poner en valor y conseguir la puesta en marcha del aeropuerto de Ciudad Real, impulso económico que tanto necesita esta región».