La Abogacía de la Comunitat sigue el mismo criterio de la Fiscalía y también pide el archivo del ‘caso Rocamar'. De esta forma, con las dos acusaciones personadas a favor del sobreseimiento, la causa será archivada. En ella estaban imputados los exconsellers de Turisme Carlos Delgado y Jaime Martínez.
En un escrito remitido al juzgado de Instrucción 1 de Palma, la Abogacía considera que no hay indicios suficientes de que se pagara un sobreprecio por el hotel del Port de Sóller que más tarde fue demolido. Señala que, si bien es cierto que el inmueble estaba en ruinas, también lo es que sobre él pesaba una hipoteca y que ésta quedó saldada en la operación. Si el Govern hubiera adquirido el terreno también se habría hecho con la carga de la hipoteca y la tendría que haber abonado de cualquier modo.
Este fue el mismo argumento que llevó a la fiscal del caso a solicitar el archivo el pasado mes de julio. Además, el ministerio público indicaba que la decisión de la compra del hotel se tomó antes de que Delgado y Martínez accedieran a la Conselleria de Turisme.
El Govern pagó en torno a 990.000 euros por adquirir el hotel Rocamar, que estaba casi. En el caso, la Fiscalía pidió interrogar a los exconsellers Jaime Martínez y Carlos Delgado como investigados.
Sin embargo, las declaraciones clave han sido las sus antecesoras del PSIB: Joana Barceló e Isabel Oliver ya que, como testigos ambas acreditaron que la decisión de compra se había tomado años antes, lo que llevó al ministerio público a sostener que no existió un tráfico de influencias para beneficiar a un funcionario.