Más de 200 enmiendas de los grupos de izquierdas, la mayoría del PSIB (que ha presentado 112) dan la vuelta al reglamento de la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción que presentó su director, el inspector de Hacienda Jaume Far y que, a un año de su toma de posesión, tiene que validar el Parlament.
El PSIB ha asumido casi toda la totalidad de recomendaciones de los diferentes órganos dependientes del Govern que ya habían cuestionado algunas de sus prerrogativas. Se quita a la Oficina la capacidad de ordenar decomisos, se limita su capacidad investigadora y también se veta su capacidad de reclamar información sobre cuentas bancarias, posibilidad reservada para la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
Otro bloque de enmiendas (este jueves finalizó el plazo para presentarlas) establece una dependencia clara sobre Intervención a la hora de disponer de sus ingresos. También se modifica el rango que se da al personal funcionario. Far, de momento, es el único funcionario que trabaja en la Oficina, alojada en una dependencia del Parlament.