El proyecto de ley agraria impedirá la construcción de viviendas en el 90 por ciento del término municipal de sa Pobla, en la mitad del municipio de Campos, en toda la zona rural de Palma –lo que incluye Sant Jordi, Son Ferriol y sa Casa Blanca–, y en amplias zonas de alto valor agrario de Muro, Llubí, Inca, Búger y Campanet.
Otros municipios en los que se limitará la construcción en algunas áreas más pequeñas del suelo rústico son Capdepera, Artà, Son Servera, Manacor, Felanitx, Santanyí. Porreres, Montuïri, Algaida, Sencelles, Santa Eugènia, Santa Maria, Consell, Binissalem, Bunyola, Alaró, Mancor, Selva, Pollença y Alcúdia.
El proyecto de ley, que está en fase de tramitación en el Parlament, crea una nueva herramienta de protección, las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA), en las que solo se autorizará la construcción de nuevas viviendas que estén vinculadas a una explotación agraria.
Sin parcela mínima
Lo que implica esta nueva disposición es que, aunque se dispongan de los 14.000 metros cuadrados que marca la normativa para construir en lo que hasta ahora eran Áreas de Interés Agrario (AIA), no se autorizará la construcción de una vivienda habitual o una segunda residencia.
«Se acabó construir chalets en el campo», asegura un miembro de la Conselleria de Medi Ambient que insiste en que debe preservarse el valor agrario del campo y no su uso como suelo residencial.
La regulación viene determinada en el artículo 104 de la ley, uno de los que más controversia ha levantado entre los partidos. El PSIB ha presentado una enmienda que matiza el texto aprobado en el Consell de Govern.