El Ayuntamiento de Palma ha defendido este lunes la actuación de los Servicios Sociales municipales en el caso de la mujer que, junto a sus dos hijos, ha recibido una prórroga de un mes para encontrar vivienda antes de ser expulsada del Servicio de Acogida Municipal Familia (SAM).
El director general del área de Bienestar Social del Ayuntamiento, Joan Antoni Salas, ha comparecido en una rueda de prensa para mostrar la posición del consistorio frente a la concentración celebrada por Stop Maltrato Centro de Acogida y Stop Desahucios Mallorca.
En relación con este caso, Salas ha asegurado que las decisiones tomadas por los responsables del departamento municipal «tienen todo el apoyo de la Regiduría y de la dirección del área».
Salas ha pedido a la ciudadanía «un esfuerzo por respetar a los servicios sociales y las decisiones de sus técnicos» alegando que son «los que están más cerca de los usuarios» y los que tienen «más información y conocimiento» de los casos.
El director general ha lamentado que se haga un debate público de un caso privado y ha negado las críticas que se han hecho sobre la calidad del servicio que se ofrece en los centros de acogida.
Ha asegurado que «ninguna persona sale desatendida» y ha precisado que el Ayuntamiento destina 1.300.000 euros anuales a ayudas para la vivienda. Ha añadido que cuando una persona no tiene acceso a las ayuda de acogida, «puede acogerse a otras prestaciones».
La coordinadora general de Bienestar y Servicios, Catalina Trobat, ha informado de que los servicios del área de Bienestar atienden anualmente a más de 24.000 personas.
En materia de servicios de acogida, Trobat ha concretado que el servicio de corta estancia acoge a 99 personas anualmente (34 familias), el de larga estancia a 130 personas (43 familias) y el centro de acogida temporal a 151 adultos.