El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha calificado de «imprudente, chocante y vergonzante» la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recurrir la normativa sobre viviendas turísticas de tres grandes ayuntamientos.
Zoreda ha afirmado que los recursos presentados ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y el País Vasco contra las normas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián se basan en «argumentos muy vacuos» y «muchos juicios de valor poco fundamentados».
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur -asociación que agrupa a las grandes empresas del sector turístico- cree que la CNMC no conoce la «revuelta social» que están generando los pisos turísticos, que, a su juicio, se han convertido en el principal problema de orden social en los grandes destinos turísticos de España.
«Nos parece una enorme imprudencia echar más leña al fuego en unos momentos de crecientes problemas de convivencia social y ciudadana», ha recalcado Zoreda, quien ha señalado que la CNMC trata de «limitar» las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
El vicepresidente de Exceltur entiende que la CNMC busca «eventuales rendijas legales» para apoyar el discurso «buenista» de la economía colaborativa, que en su opinión, se basa en modelos que en muchos casos incumplen la legalidad vigente.
Por todo ello, Zoreda ha subrayado que Exceltur apela al «buen juicio» de los tribunales para que reconduzcan esta situación que la CNMC «se empeña en agitar».
La CNMC considera que las normas aprobadas por los tres ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios.
En su opinión, las medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los ya instalados.
A juicio del organismo regulador, este hecho elevará los precios y reducirá la calidad, la inversión y la innovación.
La CNMC cree que las medidas adoptadas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos.