Las grandes empresas de alimentación de España declaran la guerra al proyecto de ley de residuos del Govern y han presentado alegaciones en el Parlament en las que advierten que vulnera directivas europeas y la propia Constitución ya que atenta contra la unidad de mercado.
Se trata del proyecto de ley aprobado por el Consell de Govern hace apenas un mes que prohíbe la distribución en las Islas de productos como platos y vasos de plástico, las maquinillas de afeitar, encendedores y tóners no reutilizables, las cápsulas de un solo uso de café, té o caldo, las cañitas para bebidas, bastoncillos para los oídos o palos de chupachups de plástico no reciclables, así como las toallitas húmedas si no se especifica que no pueden lanzarse al inodoro.
El proyecto de ley cuenta con el apoyo de las grandes cadenas de distribución, como Mercadona y otras, pero ha cosechado el rechazo de los productores, a tenor del escrito enviado al Parlament. El escrito lo ha remitido la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que representa a 29.000 empresas de toda España entre las que figuran Nestlé, Pepsico, Campofrío o Kellog's, y que incuye además a unas 480 de Baleares.
En el texto se rechazan todas las disposiciones recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 27 relativas a las medidas de prevención y reutilización de algunos residuos, la regulación sobre los productos de un solo uso, las medidas de prevención de envases y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor para residuos de envases. En su escrito apelan a la unidad de mercado «como pilar básico para el funcionamiento competitivo de la economía balear y española» y afirman que la proliferación de medidas no armonizadas en las comunidades autónomas «se traduce en elevados costes que obstaculizan la actividad de las empresas».