El PP de Palma ha tildado este jueves de «descafeinada, parcial y que llega tarde» a la Ordenanza reguladora del uso cívico de espacios públicos y ha asegurado que se debe a las «peleas internas» del equipo de gobierno.
Según ha recogido en una nota informativa el Ayuntamiento de Palma, la portavoz del PP de Palma, Margalida Durán, ha comentado que llevan más de dos años reclamando una ordenanza que regule las conductas incívicas y las actividades ilegales en Palma, como son la venta ambulante, el trile y el consumo de alcohol en la calle.
Durán ha recordado que en febrero la regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, les convocó a una reunión para presentarles el borrador de la ordenanza cívica y anunció que su aprobación sería «inminente».
Para la edil del PP, «los palmesanos, especialmente los vecinos de Playa de Palma, tienen la necesidad imperiosa de contar con una ordenanza que regule las actividades ilegales». Por eso, ha añadido, su partido ha renunciado a los diez días para presentar alegaciones para que el texto se pudiera aprobar este jueves.
En cuanto a la ordenanza de ocupación de vía pública, Durán ha criticado que esta «no nazca del interés de ordenar el uso del espacio público, sino de la obsesión del Pacto contra las terrazas».
Turismofobia y Son Banya
Por otra parte, la portavoz del grupo municipal popular ha criticado que el equipo de gobierno se haya negado a aprobar de manera conjunta una declaración institucional a favor del turismo.
«Es necesario no ser ambiguos cuando se producen actos vandálicos como los acontecidos hace dos semanas en siete hoteles del centro de Palma, la manifestación en el aeropuerto o la pancarta colocada esta misma mañana delante de la Catedral», ha manifestado.
En este sentido, Durán ha condenado «sin ningún tipo de paliativos» este tipo de actuaciones «que perjudican gravemente los intereses de la ciudad y de los palmesanos» y ha lamentado que el equipo de gobierno no haga lo mismo.
Respecto al realojo de Son Banya, Durán ha exigido al alcalde de Palma, Antoni Noguera, que explique el realojo de dos familias de Son Banya a la barriada de Camp Redó.
Durán ha recordado que el proceso de desmantelamiento del poblado «se hizo en el marco de un pacto con todas las fuerzas políticas en el que el Ayuntamiento se comprometió a excluir zonas con problemáticas previas, como Camp Redó o Virgen de Lluc».
Para la portavoz popular «es una irresponsabilidad que el equipo de gobierno esté incumpliendo este acuerdo sin la menor justificación y sin atender las reivindicaciones de los vecinos», dejando el pacto «en una simple foto».