Desde 2016, en dos años y medio, se han ejecutado 158 demoliciones en el suelo rústico de Mallorca, de las que 26 corresponden a ese año, 81 a 2017 y 51 a lo que va de 2018.
Según datos del Consell de Mallorca, durante los primeros cinco años de existencia del Agencia de Defensa del Territorio (ATD), que se creó en 2011, hasta día de hoy, las demoliciones han aumentado en un 88 %.
En concreto, en ese primer periodo de cinco años solo se llevaron a cabo 19 demoliciones, ha subrayado el Consell de Mallorca.
La consellera del Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha afirmado que el objetivo de la institución es «proteger nuestro territorio y nuestro bien más preciado, el paisaje».
«No podemos permitir que la gente no siga la ley y construya fuera de la normativa vigente, porque esto provoca un gran agravio comparativo con la gente que lo hace de forma adecuada», ha mantenido.
Todas las demoliciones de esta legislatura, excepto una, han sido ejecutadas por los propietarios gracias a la implantación de las multas coercitivas de las que el año pasado se interpusieron 162, con un importe total de 940.000 euros.
El gerente de la ATD, Tomeu Tugores, ha explicado que «gracias a la aplicación de las multas coercitivas, muchos infractores han empezado a ejecutar las demoliciones antes de que acabe la tramitación del expediente; de este modo, se pueden acoger a reducciones de la sanción de entre un 80 y un 90 por ciento».
Las sanciones impuestas el año pasado ascienden a 110 con una cuantía total de 4 millones de euros, lo que supone un incremento del 49 % en relación a 2016, cuando se cifraron en 1,7 millones de euros.