El Parlament balear ha aprobado este martes con el apoyo mayoritario de los partidos de la cámara la primera Ley de Apoyo a las Familias de las Islas Baleares, que obliga a las administraciones públicas a garantizar el amparo de las familias más vulnerables y eleva a rango de ley las ayudas y servicios públicos.
La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha declarado que la nueva ley supone un «paso adelante» en la protección de las familias más vulnerables del archipiélago.
Por primera vez se define por ley qué situaciones familiares son de especial protección y se obliga a las administraciones a garantizar su amparo.
La norma establece como situaciones familiares de especial protección social y, por tanto, prioritarias a la hora de recibir servicios y prestaciones públicas,las familias numerosas las monoparentales, las familias en riesgo social y víctimas de violencia machista, las que tienen a su cargo personas en situación de dependencia o discapacidad y las familias en situación de vulnerabilidad económica.
La ley prevé la equiparación por medio de un decreto de las familias monoparentales con más de un hijo o hija -o un solo hijo o hija con grado de discapacidad- a las familias numerosas en el régimen de ayudas y exenciones de ámbito autonómico.
También recoge la creación, por primera vez, de una ayuda económica para los menores víctimas de violencia machista que hayan quedado huérfanos de madre o bien cuya madre tenga una discapacidad a consecuencia de este tipo de violencia.
La ley entiende las familias como un concepto plural y extenso que recoge diversas realidades.
Santiago ha resaltado que esta ley es la tercera ley impulsada por su departamento sin que se haya registrado ninguna enmienda a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios. Se trata de las leyes de la renta social, la de igualdad entre hombres y mujeres y, ahora, la de apoyo a las familias.
La consellera ha declarado que la nueva ley «no es una ley retórica, sino «práctica», que «apoya a las familias», entendidas éstas desde la «pluralidad y diversidad».
La ley recoge que las políticas familiares deben mejorar el bienestar y la cualidad de vida de las familias, la protección de sus miembros, favorecer la conciliación de la vida familiar con el resto de ámbitos y potenciar la solidaridad social con las familias.
También contempla la promoción de la natalidad apoyando a las mujeres gestantes y a las familias con hijos menores, así como luchar contra la desigualdades sociales entre las familias y contra las situaciones de exclusión social que tengan su origen en el contexto de la precariedad.
Sobre la protección a la maternidad la ley da prioridad a las mujeres embarazadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad por motivos de edad, cultura, salud, situación socioeconómica o cualquier otra circunstancia social o personal.
Santiado ha querido resaltar que con esta iniciativa «por primera vez se obliga» a las administraciones públicas a dar apoyo a las familias.
Como ejemplo, la consellera se ha referido a que a partir de ahora esta ley restablece y obliga a las administraciones a aprobar ayudas anuales de comedor escolar para las familias con pocos ingresos.
También se garantiza que en cada ley de presupuestos autonómicos se fijarán medidas fiscales para proteger a las familias.
Además, Santiago ha querido hacer hincapié en la creación de nuevos derechos, como que los hijos víctimas violencia machista que queden huérfanos o que la madre quede con una incapacidad superior al 33 % tendrán derecho a una ayuda económica durante su minoría de edad.