El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha defendido este martes la ley de 2008 que desclasificó suelos urbanizables para impedir edificaciones a pesar de que los tribunales han condenado al Govern a pagar indemnizaciones a los propietarios afectados que suman ya casi 140 millones de euros.
La diputada del PP María José Ribas ha preguntado a Pons por esta cuestión en el pleno del Parlament al hilo de la última condena firme, con una indemnización de 87 millones de euros por desclasificaciones en Punta Pedrera, en Ibiza, una muestra del coste de los «errores» y la «inseguridad jurídica» que genera la izquierda cuando gobierna.
«La protección no es eso (...). Queremos que se proteja, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera», ha incidido Ribas, que ha asegurado que hay sentencias pendientes de confirmación que elevarán las indemnizaciones por la Ley de Medidas Urgentes de Desarrollo Sostenible por encima de los 200 millones de euros.
Pons ha replicado que el caso de Punta Pedrera es un ejemplo del «mal urbanismo», guiado por «intereses particulares», que ha sido una constante de 30 años en Ibiza, donde al «crecimiento desmesurado» se suma la falta de planificación adecuada de infraestructuras.
En su réplica, el conseller ha echado en cara al PP que critique la ley de desclasificaciones por su coste para las arcas públicas y respalde que las autovías de Ibiza vayan a suponer el pago de 548 millones de euros cuando su coste real son 172 millones.