La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha defendido que la modificación de las plazas de interventor «no se ha hecho en interés particular» y ha asegurado que «no tiene ningún interés personal» en presentarse a dichas plazas.
Así lo ha dicho ante la prensa este martes la consellera Cladera en respuesta a las declaraciones de la portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, que le ha acusado de incumplir el código ético del Govern con una modificación que permite que los auditores de la Sindicatura de Comptes accedan a plazas de interventor, lo que según el PP beneficiaría a la propia consellera.
Cladera ha asegurado que dicha modificación tiene «un sentido legal y que todo está muy claro» y ha expresado que el PP «hace un uso interesado haciendo estas declaraciones».
«No tengo ningún interés, ni puedo en este momento porque soy un alto cargo, en presentarme a estas plazas», ha reiterado la consellera, que ha recalcado que la modificación se ha hecho «para satisfacer al interés general, que es cubrir unas plazas que en estos momentos están vacantes para el correcto control de las finanzas públicas».
La consellera de Hacienda ha destacado que en la Comunidad Autónoma hay «dos plazas de interventor» y que «durante un año han quedado desiertas en dos convocatorias». En estos dos casos han sido abiertas a «cuerpos relacionados con la fiscalización, con interventores y auditores del Estado o de la administración local», ha aclarado.
Después de que estas plazas quedaran desiertas, la CAIB ha considerado «abrirlas a otro cuerpo que es el de la Sindicatura de Comptes, que cuenta con un perfil profesional que podría encajar», ha subrayado Cladera.
Por su parte, la portavoz del PP ha asegurado que hay «muy pocas personas» que cumplan los requisitos para poder ocupar estas plazas de interventor y que precisamente dos de ellas son la consellera Cladera y la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez.
Para el PP, los cambios impulsados por Cladera suponen «un hecho gravísimo» y una «vulneración del código ético del Govern» en lo que respecta al conflicto de intereses, por lo que entienden que la consellera se tendría que haber inhibido en esta decisión.