«La nueva Ley Agraria Balear es un conjunto de intenciones que no dará respuesta a las necesidades de los empresarios agrarios baleares», ha lamentado hoy el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante y presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Agrónomos, Baldomero Segura.
La ley, según está redactada, «da pasos atrás e introduce tantas trabas burocráticas que poner en marcha una actividad que complemente las rentas de los pequeños productores se va a convertir en un examen inquisitorial; hay casos en los que en una finca agrícola puede ser más fácil hacer un chalet que un construcción agraria tan simple como un almacén».
En un comunicado, Segura ha afirmado que «la economía real no se rige por intenciones» y ha lamentado que «quienes han impulsado esta ley esperan que los rendimientos económicos se obtengan de los deseos solo porque se cree en ellos».
Este colegio profesional ha informado en un comunicado que lleva meses colaborando con la administración autonómica balear en la redacción de la nueva ley y «se ha volcado trabajando ardua y activamente sobre las doce primeras versiones del texto».
Sin embargo, «no se nos ha hecho partícipes de la decimocuarta», que ha sido la que, finalmente, ha sido aprobada por el Govern.
Además de la «opacidad», los ingenieros agrónomos han expresado su malestar porque los consensos y principios que parecían haberse entendido y compartido «se han esfumado del texto final».
Según este colegio, durante todo el proceso de participación se ha mantenido la lealtad institucional, el rigor técnico y la empatía necesarios para entender a todas las partes interesadas y lograr una solución de consenso.
Sin embargo, al final, «la burocracia introducida y la incomprensible cesión de competencias a otras administraciones invalida en la práctica los avances y acuerdos que se había alcanzado».
Con todo ello, los ingenieros agrónomos esperan que en la fase de tramitación parlamentaria que ahora se inicia se consiga reconducir el texto a «lo oportuno y a lo razonable».
Segura ha vaticinado que si el ejecutivo balear «aspira a mantener y potenciar la agricultura en Baleares, con esta ley se van a necesitar importantes subvenciones y será una catástrofe si fallan los recursos económicos para hacer frente a las mismas».
Los ingenieros agrónomos, con su presidente en primer lugar, subrayan desde hace tiempo que el concepto de actividad económica agraria ha evolucionado. «La división tradicional en sectores primario, secundario y terciario se ha desdibujado, ahora la actividad productiva incorpora también una amplia gama de servicios, y para hacerla rentable no basta con producir materia vegetal o animal, sino que hay que transformarlo y presentarlo al consumidor, crear servicios y ofrecer actividades complementarias que pongan en valor los procesos productivos que se desarrollan», ha mantenido el decano del COIAL.
Según este colegio, la ley debería dar facilidades y herramientas para desarrollar la actividad agraria y las complementarias, manteniendo siempre las estructuras agrarias.