La recaudación por los impuestos locales suma más del 52 % de los ingresos totales de los ayuntamientos, de los que la aportación del IBI supone el 28 %, según un estudio del Consejo General de Economistas.
En rueda de prensa, su presidente, Valentín Pich, ha subrayado que solamente el IBI aporta a las arcas municipales el 28 % de todos los ingresos y que este impuesto sobre los bienes inmuebles ha ayudado a la estabilidad fiscal durante la crisis.
Ha admitido que, «aún reconociendo las actuales circunstancias institucionales», no es una buena noticia que no haya sobre la mesa una propuesta de reforma de la financiación autonómica.
A su juicio, ese cambio permitiría reordenar y aclarar toda la fiscalidad, tanto autonómica como local, y acometer la modernización de la tributación medioambiental.
Ha puesto como ejemplo de esa vinculación entre las reformas fiscales autonómicas y locales, el IBI, que necesita «encuadrarse con precisión» dentro de la tributación sobre la riqueza, ya que muchos inmuebles urbanos, además de ser gravados por este impuesto municipal, también tributan en el IRPF a través de la imputación de rentas y por impuestos ligados a la financiación autonómica.
Respecto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, antigua plusvalía municipal, en proceso de modificación por haber sido declarado inconstitucional, Pich ha indicado que «la Justicia tiene que intentar reducir la conflictividad».
Se ha mostrado sorprendido de que no haya un decreto ley «con las reglas del juego» hasta que se resuelva este asunto, porque «no puede ir un arquitecto detrás de cada liquidación» para comprobar si ha generado o no esa plusvalía desde la anterior compra del bien.