Ni Iñaki Urdangarin ni Diego Torres prolongarán la agonía. Ninguno de los dos acusados del ‘caso Nóos' pendientes de ingresar en prisión han presentado escritos para intentar ampliar el plazo de cinco días para ingresar en prisión y sus defensas descartaron ayer esta posibilidad. De hecho, el entorno de Diego Torres confirmó ya que en los próximos días ingresará en la cárcel catalana de Can Brians 2.
En el caso de Urdangarin, su abogado, Mario Pascual Vives, apuntó ayer en una entrevista en la Cadena Cope que ve «muy difícil» plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y casi descarta la opción de solicitar un indulto ante las «posibilidades exiguas» de que el Gobierno atienda la petición. Sobre el amparo manifestó que aún tienen tiempo, dado que el plazo es de treinta días tras la sentencia del Supremo, pero se mostró escéptico: «El filtro es muy limitado y desde mi punto de vista hay muy poco margen para poder sostener con rigor que haya habido una vulneración de un derecho constitucional».
Tampoco aclaró nada en torno a la prisión en la que ingresará y mantuvo que aún no hay una decisión tomada. En una línea similar, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, recordó que puede ingresar en «el centro que estime oportuno», aunque es Instituciones Penitenciarias quien valora las circunstancias personales «y determina cuál es el más acorde a esas exigencias y circunstancias». Además, insistió en que se le dará un trato «como el de cualquier otro recluso».
Pascual añadió con laconismo que intenta aconsejar a su representado para tomar la «decisión menos mala» y, aunque mencionó la posiblidad de la cárcel de Vitoria, sostuvo que hay que ponderar sobre todo «la situación que pueda tener la persona que tiene que ingresar». También afirmó que el exduque de Palma asumió la sentencia con «estoicismo».
Torres, como se esperaba, ha escogido una cárcel catalana, donde reside su familia. En la misma prisión ya han cumplido condenas otros reos por causas de corrupción como Fèlix Millet y Jordi Montull.
Por otra parte, los abogados de la Infanta descartan hacer efectiva la reclamación de las costas procesales a Manos Limpias. El Tribunal Supremo confirmó el pronunciamiento de imponer las costas porque el sindicato actuó con «temeridad» al mantener la máxima petición de cárcel posible por dos delitos fiscales, cuando en el juicio se había diluido la participación de la Infanta. El Supremo fue especialmente duro con Manos Limpias porque el sindicato no impugnó un pronunciamiento similar que les condenaba a pagar la mitad de las costas del proceso a la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro. Esa omisión, según el alto tribunal, mostraba que la intención de Manos Limpias tenía otros motivos distintos a los procesales. Fuentes de la defensa apuntan a que ni siquiera harán una tasación de esas costas, el trámite previo a reclamarlas. Recuerdan que Manos Limpias está prácticamente liquidado después de la imputación de su secretario general y de la abogada que les representó en el juicio, Virginia López Negrete.