El Govern quiere negociar con el Gobierno la retirada de las cuatro advertencias de ilegalidad que pesan sobre otras tantas leyes de Balears, entre las que destaca el pago de la carrera profesional a los funcionarios de la Comunitat. El Gobierno de Mariano Rajoy había puesto en el punto de mitra cuatro leyes de Balears con la amenaza de llevarlas ante el Tribunal Constitucional si no se modificaban.
Una de ellas, la ley de Presupuestos de este año, incluye tres cuestiones que debían corregirse, según la Abogacía del Estado. Al pago de la carrera profesional a los funcionarios de la Comunitat se suma la ecotasa para los cruceros y la decisión de dar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. Esta última cuestión, la restitución de la sanidad universal, fue un compromiso del propio Pedro Sánchez en el discurso de la moción de censura por lo que no se esperan mayores problemas.
Las otras dos amenazas deberán negociarse en una comisión bilateral y el Govern espera que no haya mayores problemas para la retirada, a la espera, eso sí, de lo que puedan decir los abogados del Estado.
Tres leyes más
Otra ley sobre la que pesa la amenaza de acabar recurrida es la de policías locales, que busca dar estabilidad a un millar de policías que tienen la categoría de interino. El Gobierno considera que un funcionario interino no puede ser policía. Estaba previsto que la negociación de esta ley fuera inminente, pero el cambio de Gobierno ha trastocado los planes y además ha ofrecido la oportunidad de que la negociación se haga con un Ejecutivo más proclive a los intereses de Balears. También serán clave los abogados del Estado.
Si estas dos leyes son del departamento de Catalina Cladera, las otras dos sobre las que pesa la amenaza de la inconstitucionalidad corresponden al de Mar Pons. El Gobierno de Rajoy consideró que había sospechas de inconstitucionalidad en un tema menor de una de las leyes estrella de la legislatura y en el Govern dan por hecho que será fácil la retirada del recurso. También esta pendiente de negociación el aviso de impugnación sobre le, decreto de medidas urgentes para la construcción de infraestructuras. También es un recurso muy técnico y se espera que no haya problemas.
Un caso diferente es el relativo al decreto del catalán en la sanidad. Como no se trata de una ley, no es el Gobierno sino la Delegación del Gobierno quien planteó un recurso contencioso, no de inconstitucionalidad. La decisión la deberá tomar en este caso quien ocupe el puesto que dejará vacante Maria Salom tras el cambio de Gobierno.