La admisión a trámite el pasado día 10 de mayo en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley del Parlament de Cataluña para despenalizar la eutanasia ha abierto la puerta al debate político de esta práctica, que ya es legal en países como Bélgica, Holanda o Luxemburgo.
La proposición, aprobada en el Parlament catalán en 2017, ha superado la barrera de acceso al Congreso con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Su próposito consiste sólo en modificar el Código Penal para exonerar de responsabilidad a quienes asistan al suicidio de un enfermo terminal que lo haya solicitado libremente.
¿Eutanasia, sí o no? Baleares no se mantiene al margen del debate. El pleno del Parlament balear aprobó, el pasado día 22 de mayo, una proposición no de ley del grupo parlamentario socialista para instar al Gobierno central y al Congreso a regular y despenalizar la muerte asistida.
Normativa
La proposición fue defendida por el diputado socialista Vicenç Thomàs, argumentando que «hace tiempo que asistimos a un amplio debate social, político y ético sobre los derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas, esperando que se respete su autonomía y el derecho a morir sin sufrimiento, a lo que se une el derecho de las personas que sin estar en el proceso de una muerte inminente deciden solicitar ayuda para morir anticipadamente».
Thomàs afirmó que la regulación de la eutanasia «se tiene que articular como una prestación incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que se preste en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas».
La controversia que se ha generado es amplia, aunque, tal y como explica el profesor Lluís Ballester, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Educatives de la UIB, que está preparando un debate sobre esta cuestión para el próximo mes de junio, lo primero que hay que hacer es distinguir entre el suicidio asistido (es el enfermo quien se causa la muerte con la ayuda de un profesional) y la eutanasia (otra persona causa la muerte al paciente que la ha solicitad y ver hasta qué extremos se pretende despenalizar ambos supuestos.
Derecho a elegir
La jurista Consuelo Pau Pérez, miembro de la asociación DMD (Derecho a Morir Dignamente), afirma que «estoy completamente a favor de que se legalice la eutanasia, yo creo que las personas tienen derecho a elegir como quieren morir».
No opinan lo mismo las asociaciones provida. Para el presidente del Institut Balear de la Familia (IBFamilia), Agustí Buades, «la introducción de la ley de eutanasia nos aleja de lo más importante, que es dar respuesta real a muchas personas que sufren por qué no hay cuidados paliativos suficientes».
Buades afirma que «consideramos que la única respuesta ética aceptable ante el final de la vida son los cuidados paliativos, que ni precipitan deliberadamente la muerte ni prolongan innecesariamente la agonía, si no que cuidan al enfermo, aliviando su dolor mientras llega la muerte».
Por su parte Valores en Baleares, que preside Juan José Tenorio, defiende que «no existe el derecho a quitarse la vida» y dice que la eutanasia es «la competidora de los cuidados paliativos ya que es mucho más fácil acudir al corredor de la muerte que adentrarse en un acompañamiento de calidad y dignificante para los pacientes cuando afrontan el tramo final de sus vidas».
La Asociación Baleares Vida considera que «es una derrota social el mero hecho de hablar, debatir y considerar la eutanasia como un logro social o un derecho, cuando existen innumerables medios para que un paciente no sufra».
La Sociedad Española del Dolor (SED) afirma que regular la eutanasia «es algo muy serio que no tiene vuelta atrás».
Salud y muerte
El presidente de la SED, Juan Antonio Micó, que esta semana ha participado en Palma en un congreso sobre el dolor, afirma que «no olvidemos una cosa: eutanasia es inducir la muerte». Recuerda que los profesionales de la Medicina son «fabricantes de salud» y no de muerte.
Por otra parte, uno de los capellanes de Son Espases, Pere Ribot, que ayuda a los enfermos cuando están ingresados y a sus familias, defiende que antes de legislar sobre la muerte asistida, lo que se tendría que hacer es ampliar y mejorar los cuidados paliativos. «Se ha avanzado mucho con los cuidados paliativos, pero pienso que no basta que se tengan en oncología. Habría que hacerlos extensivos a todos los enfermos en situación terminal».
Si hay algo claro es que la controversia está abierta. Hay que tener en cuenta que, actualmente, el Código Penal contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para «quien induzca al suicidio de otro» y a penas de entre 2 y 5 años para quien coopera con «actos necesarios al sucidio de una persona». También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte a la víctima del delito.
La discusión será larga y no está claro nada claro que finalmente se termine despenalizando la eutanasia.