El grupo ecologista GOB ha exigido la paralización del proyecto de construcción de viviendas en Son Bordoy, en Palma, y ha reclamado al PSIB-PSOE que explique «su papel» en esta iniciativa y si «las conexiones entre Sa Nostra y PSIB» explican la operación urbanística.
La entidad ha señalado en un comunicado que existen «conexiones» «entre PSIB y Sa Nostra» y posibles intereses tras la operación urbanística.
Detalla que «su principal primer promotor urbanístico» traspasó los terrenos pocos meses antes de la aprobación de la llamada Ley Carbonero de reservas estratégicas de suelo a una sociedad pantalla de Martí Gual, «empresario que había tenido buenos tratos con el ayuntamiento de Calvià de la socialista Margarita Nájera, y que figura en la Lista Falciani».
Según el GOB, «todo hace pensar que Gual sabía que Son Bordoy ganaría el concurso para las reservas estratégicas de suelo, así que el negocio era seguro, en un momento que la recesión comenzaba a aparecer» y en la operación contó «con la colaboración de Sa Nostra, que no sólo lo financió, sino que formaba parte del entramado de sociedades que conforman el grupo».
Sociedad investigada
La sociedad es una de las investigadas en la Audiencia Nacional por el presunto desvío de 12 '6 millones de euros a Suiza y Madeira, en el marco de la investigación por la desaparición de Sa Nostra, asegura el GOB.
Según ecologistas, «la investigación sobre Sa Nostra de hecho, se centra en la operación de Son Bordoy y la relación entre Martí Gual y la entidad», y están imputados 21 consejeros de la entidad, entre ellos el diputado autonómico del PSIB Andreu Alcover.
El GOB advierte de que con este proyecto un posible evasor fiscal podría «obtener una grandiosa plusvalía destruyendo unos terrenos de un altísimo valor inmobiliario situados, en la cada vez más valorada urbanización del Molinar» y «culminar una operación sospechosa y oscura desde el principio, siempre con gente que se puede relacionar con el PSIB y con la cultura del pelotazo».
Los ecologistas consideran que autorizar la urbanización de Son Bordoy sería «dar carta blanca a la impunidad corrupta y urbanística que durante tanto tiempo ha gobernado Mallorca» y que no se justifica para dar solución a la problemática del acceso a la vivienda sino que daña «una de las últimas áreas rurales bien conservadas de Palma, cada vez más escasas, degradadas y amenazadas».