Palma seguirá siendo territorio vetado para el alquiler turístico en edificios plurifamiliares. El concejal de Urbanisme, José Hila, informó este lunes de que la ciudad será considerada zona única a los efectos de comercialización de las estancias turísticas en viviendas de uso residencial. La zonificación que aprobará de forma inicial el pleno este jueves (la definitiva se prevé para julio) no permitirá las estancias turísticas en plurifamiliares, pero sí en viviendas unifamiliares. Aunque en este caso, matizó Hila, habrá tres excepciones que marca la Llei de Turisme: el suelo rústico protegido, la zona de influencia aeroportuaria y los polígonos.
El punto de partida de esta decisión, explicó el edil, es la propuesta de iniciativa popular presentada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, aprobada en el pleno del 27 de julio de 2017, que expresaba el rechazo a cualquier posibilidad de alquiler en los edificios plurifamiliares. El criterio seguido para aprobar esta zonificación, destacó el regidor, «ha sido priorizar el alquiler para los residentes y los trabajadores de la ciudad. Queremos eliminar el impacto que el alquiler turístico tiene en el alquiler para residentes».
Hila recordó algunos datos que refuerzan esta decisión, como que «la oferta de pisos de alquiler turístico no reglados aumentó entre 2015 y 2016 un 50 % llegando a cerca de las 20.000 plazas comercializadas». En estos momentos, apuntó, «tenemos unas 11.000 plazas de alquiler vacacional y en Palma hay autorizadas solo 645 plazas, por lo que todo lo demás hasta esas 11.000 es ilegal».
«Pensamos –añadió Hila– que existe un paralelismo entre la evolución del fenómeno del alquiler vacacional y el aumento de los precios de alquiler, que desde 2013 ha subido cerca del 40 % en Palma, un impacto lo suficientemente importante como para tomar medidas». De hecho, aportó el dato de que Palma es la segunda ciudad a nivel estatal, solo por detrás de Barcelona, en la que más dinero de la renta familiar deben destinar las personas al alquiler de la vivienda.
En cuanto a la convivencia, el socialista recurrió a un informe de la defensora de la Ciudadanía que muestra «el deterioro de la convivencia en los barrios por el ruido provocado por los alquileres turísticos y que las denuncias presentadas ante Turisme por el alquiler vacacional se han incrementado de forma exponencial, si en 2014 teníamos 42, en 2017 ya eran 192».
Impacto
Ante estas cifras, insistió, «es necesario afrontar la ordenación del alquiler turístico y de su impacto social, urbanístico y ambiental». El concejal pidió «disculpas» a las personas que van a ser perjudicadas por esta zonificación, pero aseguró que «eso es gobernar, tomar decisiones, y pensamos que habrá más personas beneficiadas que perjudicadas». En conclusión, dijo, «actuamos para proteger a los residentes, esta es la prioridad». Entendió que «habrá alquiler vacacional en la ciudad, en los unifamiliares, que creemos que son tipologías arquitectónicas más adecuados para el tema de la convivencia y porque no supone un problema de acceso a la vivienda, quien puede acceder a un chalet puede acceder a una vivienda».
Hila reconoció que en Palma nunca ha estado permitido el alquiler vacacional en plurifamiliares, «la diferencia es que ahora se da más fuerza la administración para inspeccionar y sancionar los incumplimientos. El acento está en hacer cumplir la ley y eso es lo que ha fallado hasta ahora».
El alcalde de Palma, Noguera, por su parte, remarco que Palma ha de ser una ciudad habitable «porque no hay peor cosa para una ciudad que sus residentes se tengan que ir fuera porque no pueden pagar el alquiler». También destacó que «Palma con este equipo de gobierno es una ciudad decidida y valiente. Esta decisión no se ha tomado por ninguna otra ciudad del Estado, pero será un referente que marcará tendencia a la hora de entender la ciudad habitable y que los equilibrios son clave para generar un modelo de ciudad que tenga presente y futuro».
El alcalde añadió que el problema de la vivienda tiene dos cuestiones, el alquiler vacacional y las malas políticas de vivienda pública del pasado.