El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, ha informado este lunes que en los últimos cuatro años este organismo estatal ha impuesto en Baleares dos sanciones de 3001 euros cada una a una empresa vitivinícola y a otra de frutas y hortalizas por incumplir los plazos en los pagos establecidos.
Se trata de sanciones catalogadas de «graves» por esta organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Estas dos sanciones son fruto de las cuatro inspecciones que AICA llevó a cabo en Baleares entre 2014 y 2017. Este hecho provoca que, porcentualmente, el archipiélago sea la comunidad autónoma con «el porcentaje más alto de sanciones de todo el país», según ha dicho el propio Herrero en rueda de prensa.
El máximo responsable de AICA ha anunciado que durante 2018 el organismo llevará a cabo una campaña especial de vigilancia encaminada, entre otras cosas, a «perseguir la morosidad y los indicios de irregularidades en las transacciones comerciales entre empresas distribuidoras y vendedoras de alimentos».
AICA, ha destacado, es un organismo joven que vigila las relaciones comerciales entre compradores y vendedores, garantizando que se cumplan con las obligaciones de acuerdo según lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) controla el cumplimiento de la ley 12/2013 de 2 de agosto de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
«Se trata de una ley pionera, de la que Europa tomará ejemplo», ha dicho Herrero.
Otras de las funciones de AICA son evitar «los abusos en la negociaciones entre las empresas, vigilar que los pagos se efectúen a tiempo y que, en todos los casos, existan contratos por escrito», ha señalado Herrero.
AICA tiene la potestad de gestionar denuncias que reciba o bien entrar de oficio en cualquier situación. También tiene capacidad sancionadora pero no puede intervenir en problemas de etiquetado de productos, «ventas pérdidas» (vender productos por debajo del precio de coste) o seguridad alimentaria.
Ante estos casos, AICA «traslada la problemática a los organismos competentes de las comunidades autónomas»