Un tornillo mal colocado en las obras de ampliación de un colegio le cuestan a la empresa constructora más de 15.000 euros. La Audiencia Provincial ha condenado a la mercantil a abonar al seguro del Ajuntament de Bunyola la indemnización que recibió la familia de un alumno al que se le cayó en el patio un canalón que había sido mal atornillado cinco años antes.
La empresa condenada ejecutó la obra de ampliación del colegio público de Bunyola. En el año 2005 las instalaciones ya estaban operativas. Cinco años después, el 21 de diciembre de 2010 se produjo el accidente. Cuando los alumnos estaban en la fila para entrar en clase y, mientras llovía, se desprendió una sección de la tubería de pluviales. Cayó encima de la mano de un niño y le aplastó el dedo pulgar. La familia del menor acudió a los tribunales para reclamar una responsabilidad patrimonial al Ajuntament. En ese procedimiento en un juzgado de lo Contencioso compareció la aseguradora del municipio y pagó 17.587 euros a la familia del menor. La compañía de seguros lo que hizo a continuación fue demandar a la constructora.
La empresa argumentaba que el accidente se debió a la falta de mantenimiento de las instalaciones dados los cinco años que habían pasado entre que terminaron la obra y el accidente.
La Audiencia avala una primera sentencia que ya determinaba que la culpa era de la constructora. Varios arquitectos examinaron lo ocurrido y concluyeron que el problema estuvo en un tornillo en concreto. En primer lugar, era demasiado fino para sujetar de forma efectiva la tubería. En segundo lugar, estaba mal colocado. Entraba medio centímetro dentro de la superficie de anclaje, por lo que no agarraba lo suficiente y, en una solución digna de Pepe Gotera y Otilio, se había reforzado con cinta aislante. Esta falta de cuidado motiva la sentencia que recuerda: «Los operarios no debían ser ajenos al lugar en el que se instalaba, un edificio dedicado a colegio, en una zona de los alumnos».