Las defensas del caso Peaje, en el que investiga el presunto desvío de 42 millones de euros del Consell de Mallorca, han manifestado este miércoles durante una vista en el Juzgado de Instrucción número 5 de Palma su oposición a la apertura de juicio oral.
Según han explicado fuentes judiciales, la intención es llevar la causa al ámbito civil porque consideran que no hay relación entre el perjucio presuntamente producido en el Consell de Mallorca y la UTE.
El caso, que se abrió a principios de 2009, investiga este desvío llevado a cabo, presuntamente, durante las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, en la etapa en que Maria Antònia Munar estaba al cargo de la institución (2003-2007).
Entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto.