A raíz de la manifestación que este martes ha tenido lugar en Palma en defensa de la carrera profesional, un plus cuyo cobro ha recurrido en un juzgado la Delegación de Gobierno, preguntamos precisamente por este complemento. ¿Qué es?, ¿quién tiene derecho a él?
Miguel Ángel Romero, portavoz de la Federación de Servicios Públicos de UGT, explica que se trata de un plus de la Administración Pública que «reconoce la formación que los empleados públicos realizan tanto dentro como fuera de su puesto de trabajo, así como la aplicación de esta formación en el desarrollo de sus funciones y en el beneficio del servicio público».
Romero detalla que estos trabajadores realizan formaciones y son evaluados por ellas. Si superan todo ello, además de cumplir con un tiempo de servicio, asciende de nivel. Llevado a un caso práctico, Romero explica que, por ejemplo, en «un nivel más bajo, que supone el complemento de alrededor de 100 euros, esos trabajadores deben contar con un mínimo de cinco años de servicios prestados, haber realizado las horas de formación que se les exige y superar las evaluaciones». En los niveles más altos, detalla, «podríamos hablar de un médico con más de veinte años de trayectoria y rondarían los 1.000 euros». Además de la antigüedad, explica que esas formaciones se realizan al margen de las 7,30 horas de trabajo.
«La carrera profesional permite mejorar el servicio público», asegura. En el año 2007, se reconoce como un derecho general para todos los empleados públicos y así «se reconoce en la ley de presupuestos del año 2017».
¿Por qué se ha recurrido el cobro de este plus?
La Delegada del Gobierno, Maria Salom, sostiene que la subida salarial «no se ajusta a la normativa». Defiende que los sueldos de los funcionarios públicos se incrementarán «un 8,7 por ciento en los próximos años», pero sostiene que el recurso se realiza porque el Ayuntamiento de Palma ha tomado «un atajo» para que esta subida sea efectiva, en relación al acuerdo adoptado por Cort tras una negociación con los sindicatos en 2016, y que fue impugnado por la Delegación.
El acuerdo del Consistorio establecía el abono del concepto de carrera profesional y lo dotaba presupuestariamente con 1,7 millones de euros.
Los empleados públicos del Ayuntamiento han percibido el complemento a lo largo de 2017, aunque no al cien por cien porque se negoció que la recuperación se hiciera de forma fraccionada.
En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma desestimó el recurso de la Delegación del Gobierno pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha revocado esta decisión.