El plazo de adhesión al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará Bankia en el marco de su integración con Banco Mare Nostrum (BMN) comienza el miércoles, 21 de febrero, y finalizará el próximo viernes 2 de marzo, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
La dirección de Bankia y los representantes de los trabajadores se reunieron el pasado jueves para redactar la versión definitiva del expediente y firmarlo. El proceso de reestructuración contempla un máximo de 2.000 salidas voluntarias, tras haberse reducido un 20,32% desde las 2.510 bajas planteadas inicialmente por la entidad y está previsto que concluya el 30 de septiembre de 2019.
Andalucía (361), Madrid (330), Murcia (278), Baleares (250) y la Comunitat Valenciana (192), son las comunidades autónomas más afectadas por el proceso, que consiguió el apoyo del 92% de la mesa sindical (CCOO, UGT, ACCAM, SATE, SESFI, UOB y ACB).
Del total de 2.000 salidas, 1.587 son amortizaciones de puestos de trabajo, 198 excedencias y 215 salidas voluntarias adicionales que la empresa podrá conceder. El ERE prevé prejubilaciones a partir de los 55 años --54 años en Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares-- con el 63% del salario bruto y una prima en función de la edad.
En concreto, los trabajadores de entre 55 y 57 años tendrán una prima de 6.500 euros, los de 58 años, de 5.200 euros, los de 59 años, de 4.000 euros y los de 60 años, de 1.000 euros, mientras que los de 54 no tendrán prima.
Las bajas incentivadas, por su parte, tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado, con un límite de 22 meses, además de una prima de 2.000 euros por cada tres años de prestación de servicio.
En cuanto a la movilidad geográfica no aceptada por el trabajador, el acuerdo entre la entidad con sede social en Valencia y los sindicatos contempla la misma indemnización que los menores de 55 años, sin primas. Por su parte, los empleados afectados por la movilidad geográfica recibirán una prima de entre 4.000 euros (de 51 a 100 kilómetros) y 16.500 euros si se trata de cambios entre las islas y la Península.
Además, la entidad y los sindicatos han fijado una ayuda por cambio de residencia de 12.000 euros, siempre que la distancia sea superior a 150 kilómetros. Según el acuerdo, donde haya excedentes de plantilla --Baleares, Murcia, Alicante y Granada-- si no existen voluntarios suficientes, la adscripción será obligatoria.