El PP no ha conseguido que se aprobara hoy una iniciativa de apoyo del Parlament balear a la figura de la prisión permanente revisable, incorporada al ordenamiento jurídico español en marzo de 2015 con el único apoyo del PP en el Congreso de los Diputados.
La iniciativa ha contado con el apoyo insuficiente del PP, el voto contrario de todos los partidos de izquierda y la abstención de Cs y el PI.
Esta figura establece que, una vez cumplida la sentencia, el condenado sea examinado bajo criterios objetivos para acreditar que está rehabilitado y pueda volver a salir en libertad o continuar en prisión.
Actualmente, esta figura existe en países europeos como Alemania, Francia, Italia, Francia, Bélgica, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Suiza o Dinamarca y ha sido respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Gobierno central ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que propone ampliar la prisión permanente revisable en cinco tipos delictivos bajo la premisa de que da respuesta a una «demanda social», en medio de un debate político que enfrenta al ejecutivo con la oposición.
Durante su intervención, el diputado del PP José Manuel Lafuente ha mantenido que hay que «asegurar que los delincuentes muy peligrosos no vuelvan a delinquir» y conseguir «vivir en una sociedad más segura». Lafuente ha recordado que esta figura existe en muchos países democráticos de Occidente, también gobernados por socialistas.
La prisión permanente revisable, ha subrayado, no renuncia a la reinserción del condenado, sino que es una respuesta penal ajustada a la gravedad de los delitos con la finalidad de reeducación del delincuente.
En el caso de España, ha señalado, la prisión permanente revisable afecta a día de hoy a 8 delitos muy graves, en Italia a 19 y en Alemania a 20.
Por parte de Podemos, la diputada Marta Maicas ha criticado esta figura y la ha calificado de «regresión» y de «consolidación» de la cadena perpetua a «costa de conseguir algunos votos por las atrocidades cometidas por algunos individuos», como es el caso del asesinato de Diana Quer. «No se puede legislar desde el ojo por ojo y diente por diente», ha señalado.
Desde el Més per Mallorca, el diputado Biel Barceló ha advertido de que esta figura puede provocar «errores judiciales irreparables» y ha considerado que esta propuesta se encuadra en la «carrera cruda y clara» de PP y Cs para «disputarse» el espacio político de la derecha.
El diputado del PI Josep Melià se ha opuesto y ha lamentado que no se haya presentado en el Parlament un «debate de fondo», sino que un «pulso electoral entre dos partidos para ver quien presenta una oferta más dura», si PP o Cs, aunque ha reconocido que hay delitos que «exigen una repuesta fuerte». De todos modos, ha advertido al PP que «está jugando con fuego».
El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha criticado «la instrumentalización» del Parlament balear (por parte del PP) por tratar este asunto, en vez de discutir de los temas competentes de la cámara legislativa balear.
La diputada socialista María José Camps ha aludido a la «obscenidad del PP» con esta propuesta y ha apostado por su derogación, así como por la rebaja de las penas en España, de las más altas de Europa, ha subrayado