La Gerència d'Urbanisme solo tramitó en 2017 el 11 % de las licencia solicitadas ese mismo año. La regidora del PP Lourdes Bosch precisa que de los 1.357 expedientes que llegaron al área solo se contestaron 153, según datos facilitados a los populares por los sectores afectados.
En 2017 pasaron por la Gerència d'Urbanisme 1.101 expedientes. El 56 % de ellos eran del ejercicio 2016 y el 16 % de 2015. La situación empeoró en 2017, ya que en 2016 los expedientes informados del año en curso ascendían al 25 % del total.
En este sentido, cabe destacar que los funcionarios d'Urbanisme reconocen que el tiempo medio de espera para responder a la solicitud de una licencia ya roza los nueve meses. La última cifra de retraso reconocida por el teniente de alcalde d'Urbanisme, José Hila, eran ocho meses.
Bosch critica la gestión política del Pacte, de la que no responsabiliza a los funcionarios, y recuerda que la Ley establece que las administraciones tienen la obligación de responder en un máximo de tres meses. «Hay gente que ha pagado una tasa y la ley dice que las administraciones tienen que contestar en un plazo máximo de tres meses». Además, recrimina que esto crea inseguridad jurídica y frena la recuperación económica; si estas obras pudiesen comenzar generarían puestos de trabajo.
Bosch lamenta que el Pacte haya tomado medidas demasiado tarde, puesto que, tanto ellos como los sectores afectados, han venido avisando desde el inicio de la legislatura que se produciría esta situación de «colapso». En este sentido, acusa a Hila y a su predecesor en el cargo, Antoni Noguera, de «poner parches» en lugar de adoptar medidas que solucionen el problema.