La futura Ley de Vivienda del Govern balear proseguirá con su tramitación en el Parlament balear después de que en el pleno de este martes haya sido rechazada la enmienda a la totalidad defendida por el PP, que solo ha contado con el apoyo de Ciudadanos.
La diputada popular Sandra Fernández ha criticado con ocasión de su intervención que «no queremos criminalizar a los ciudadanos» y que la único que plantea el Govern con este proyecto es «prohibir e imponer».
En opinión del PP, el texto no ofrece un diagnóstico «real y exhaustivo», su memoria económica es «insuficiente» para desarrollarla, sembrará el «caos jurídico» con los reglamentos que serán necesarios aprobar, será «inoperante, profundamente intervencionista y supone más carga para los ciudadanos».
Fernández ha advertido que, tras dos años de discusión, ni los partidos del Govern -PSIB, MÉS y Podemos- han logrado un acuerdo sobre esta ley.
Ejemplo de ello, ha subrayado, es que el número de enmiendas parciales que han presentado las formaciones de izquierda ascienden a 135 frente a las 73 que defenderán los populares. El número total de enmiendas parciales de todos los grupos asciende a casi 300, lo que para el PP evidencia la falta de consenso.
Además, Fernández ha advertido que desde el año 2015, con el actual Govern, el precio de la vivienda ha aumentado en un 40 %.
El conseller del Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha aseverado desde la tribuna que «las Islas Baleares necesitan ya una ley de vivienda -la primera de la historia de Baleares- para proteger y defender a los que más la necesitan» con el fin de disponer de un lugar para vivir, algo que «entienden todos los grupos políticos salvo uno, el PP», ha lamentado.
«La administración pública debe ayudar y acompañar a quienes más lo necesitan», ha reiterado el conseller, que ha reivindicado que la política de vivienda debería ser «un asunto de Estado» en Baleares para «garantizar» el acceso a la misma.
Sin embargo, para el PP la vivienda «nunca ha sido una prioridad» política; de hecho, ha continuado el conseller, siempre que los populares han gobernado han aprovechado la ocasión para «desmantelar» lo realizado por los gobiernos autonómicos del Pacto.
El Govern aprobó en verano pasado esta futura ley que obligará por ley a los «grandes poseedores» de viviendas -sociedades y empresas, no particulares- a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una «necesidad objetiva de dificultad» de acceso a la misma.
La ley considera que los «grandes poseedores» son las personas físicas y jurídicas que, directamente o indirectamente a través de sociedades, participan de manera activa en el mercado y tienen diez viviendas o más en propiedad, alquiler o usufructo. Tienen que desarrollar una actividad económica con las viviendas, es decir, no basta la mera tenencia.
Por lo tanto, no afecta a propietarios que tengan esas viviendas como parte de su patrimonio, sino que tienen que ser empresarios activos en el mercado de la vivienda, dados de alta.
La ley prevé un cuerpo de inspección, tanto para detectar viviendas vacías como usos irregulares de las viviendas de protección oficial y otras infracciones.
También se pretende potenciar el alquiler social, incrementando el parque de gestión pública de viviendas para destinarlas a alquiler social, y el control para evitar el fraude en el uso de este tipo de vivienda.
Por otra parte, para garantizar la existencia suficiente de viviendas de protección oficial en Baleares, todas las nuevas promociones mantendrán «para siempre» su calificación de VPO, de forma que nunca se podrán vender por encima del precio que se establezca.