La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha prometido este martes que las excepciones al requisito de conocimiento del catalán para el acceso a puestos de trabajo en la sanidad pública se pactarán con los agentes sociales del sector. «Aprobaremos un decreto con consenso», ha afirmado en el Parlament.
Preguntada sobre el decreto del catalán en la sanidad por el líder de Ciudadanos, Xavier Pericay, y la portavoz del PP, Marga Prohens, en el primer pleno del nuevo periodo parlamentario, Armengol ha admitido que el Govern ha tenido que dar marcha atrás en su intención inicial de hacer que el conocimiento de la lengua propia fuera una condición necesaria para presentarse a las oposiciones que convocará el Ib-Salut.
«La primera propuesta no ha tenido el consenso suficiente», ha declarado la presidenta, que ha indicado que el proyecto de decreto que está ultimando el ejecutivo dará el «tiempo suficiente» a los opositores para que, si ganan su plaza, se saquen el título de catalán exigido.
Prohens ha acusado a Armegol de gobernar «a golpe de improvisación» pensando solo en mantener «la silla», y Pericay ha criticado a la presidenta por crear «un problema donde no lo había» y le ha pedido que «sea valiente» y renuncie a aprobar el decreto.
La jefa del ejecutivo no ha detallado si el acuerdo del PSIB y MÉS sobre el futuro decreto está definitivamente cerrado, pero ha hecho hincapié en que el suyo es «un Govern de diálogo y pacto que prima la asistencia sanitaria».
En este sentido, se ha mostrado convencida de que el decreto estará avalado por un «acuerdo social» y ha reiterado que garantizará que «ninguna plaza quede sin cubrir» por falta de conocimiento del catalán.
Plazas
Ha resaltado además que si esta cuestión está en el debate público es porque por primera vez en muchos años se convocan oposiciones para estabilizar las plantillas sanitarias y ha reprochado al PP que alerte sobre la falta de médicos y enfermeras cuando el ejecutivo que presidía José Ramón Bauzá despidió a 1.400 profesionales.
Prohens le ha replicado que otras comunidades también convocarán oposiciones en sanidad y ni en Cataluña, ni en el País Vasco ni en Galicia se impone el conocimiento de la lengua propia como requisito.
Según la portavoz del PP, el decreto que inicialmente pretendía aprobar el Govern dejaba fuera a «340 médicos internos, 3.500 enfermeros y más de 1.000 auxiliares de enfermería».
Para Prohens, plantear excepciones en función de las dificultades para cubrir determinadas plazas representar una «arbitrariedad» y dar un plazo de dos años para sacarse el título de catalán no es más que «pasar el problema a la siguiente legislatura». «Muy valiente», ha ironizado.
Pericay ha puesto el acento en el rechazo social y profesional a la exigencia de catalán para acceder a empleos en el sector sanitario público, una medida que ha generado «angustia» a muchos profesionales.
Según el portavoz de ciudadanos hay médicos y enfermeros que «tendrán que acabar abandonado esta tierra porque no pueden ni podrán acreditar el dominio del catalán»