El CGPJ ha abierto un expediente informativo a raíz de la queja presentada por un abogado gallego que intervino en un pleito en un juzgado de Primera Instancia de Palma. El letrado presentó un escrito en el que protestaba por el retraso en recibir una sentencia que la magistrada había redactado en catalán y que tenía que ser traducida al castellano para serle notificada al abogado.
Según fuentes del TSJB, el letrado pidió que el juicio se llevara a cabo íntegramente en castellano, pero no hizo lo mismo con la sentencia. En ese caso, la magistrada utilizó el catalán, como hace habitualmente y como permite la Ley Orgánica del Poder Judicial. El problema es posterior, ya que las traducciones de sentencias suelen demorarse mucho y dependen de un servicio del Ministerio de Justicia.
De esta manera, el abogado ha presentado la queja por el retraso y por el uso del catalán. El consejo ha abierto las diligencias como un trámite pero nunca se sancionará a la juez por escribir en catalán.