La consellera de grupo popular en el Consell de Mallorca Catalina Cirer propondrá al gobierno insular que inste al Govern balear a estudiar la posibilidad de ampliar la edad de las terapias de atención temprana a niños con discapacidad más allá de los 6 años, hasta llegar a todo el periodo de educación obligatoria.
El PP quiere trasladar al pacto de izquierdas las reivindicaciones de los padres afectados por esta problemática, con quienes Cirer y la consellera y senadora Catalina Soler se han reunido, ha informado el partido en un comunicado.
Los progenitores sostienen que la inversión en segunda infancia y adolescencia evitará que sean dependientes o grandes dependientes sus hijos con alguna discapacidad como puedan ser el autismo, el síndrome de Asperger, parálisis cerebral, síndrome de Down, espina bífida o alteraciones en materia sensorial visual o auditiva, de conducta o déficit cognitivo.
El PP ha recordado que antes de que concluyera la pasada legislatura dejó un borrador de decreto pendiente de tramitación orientado a dar una solución a las necesidades de estas familias. «Desconocemos los motivos por los cuales el Pacto no ha querido tenerlo en cuenta», ha comentado Cirer.
En la actualidad, el Plan de Atención Temprana de Baleares se regula mediante un decreto de 2010 por el que la administración garantiza actuaciones de carácter preventivo, de detección, diagnóstico e intervención terapéutica hasta los 6 años.
«Este hecho dificulta que los niños afectados por esta problemática puedan disfrutar, en adelante, de una educación normalizada, que es lo que reclaman las familias y defiende el PP, a la vez que representa un impacto severo en las economías domésticas», sostiene Cirer.
Según el PP, este tipo de trastornos afectan a unos 6.000 niños en Baleares. Sin embargo, esa cifra aumenta hasta los 10.000 en el caso de los adolescentes y preadolescentes, lo que pone de manifiesto que la posibilidad de un diagnóstico tardío es una agravante en este tipo de situaciones.
«Esta circunstancia refuerza la convicción de que los afectados necesitan ayuda de la administración más allá de los 6 años para que tengan una educación inclusiva y no se echen a perder todos los avances conseguidos en esa primera etapa», concluye Cirer.